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El modelo productivo: un debate necesario

Julio C. Gambina — 2010-06-08T16:49:37Z

Esta semana que pasó estuve en Quito, Ecuador, participando de la reunión del Comité Directivo de CLACSO, y de un conjunto de iniciativas académicas desarrolladas en simultáneo, todas relativas a la crisis de la economía mundial, el impacto en la región latinoamericana y caribeña y por supuesto los planteamientos alternativos. Las actividades se realizaron en la Universidad Andina Simón Bolívar, ámbito de concentración en estos días del debate en torno al pensamiento crítico y los desafíos para la región en las Jornadas Clacso sobre Filosofía Política e integración regional: crisis y migraciones; integración; ciudadanía y políticas públicas; desigualdad, derechos humanos y democracia. Se destacó un encuentro organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania, que se concentró en debatir bajo el rótulo “Democracia, Participación y Socialismo” la situación en Venezuela, Bolivia y Ecuador, los países en el que todos coinciden se procesa la experiencia más importante de cambio político regional y quizá, mundial. Claro que en la cuestión económica es donde aparece el mayor retraso relativo al cambio.

La cuestión de la Economía

Es coincidente el avance en esos países y otros de la región en materia de innovación política, especialmente reflejado en las reformas constitucionales de esos tres países, principalmente de Bolivia y Ecuador, los más audaces al momento de avanzar en un nuevo constitucionalismo que incluye la categoría del “buen vivir” y a la naturaleza como sujeto de derecho, en un momento de exacerbado extractivismo de recursos naturales que hace funcional a Latinoamérica a las necesidades del desarrollo capitalista contemporáneo. Se reitera así el papel de la región en la división internacional del trabajo desde la acumulación originaria del capital.

Ahí está la clave de una gran discusión. ¿Qué modelo productivo deben asumir nuestros países? No solo se discute el petróleo, sino la soja, el cobre, la minería, el agua, la biodiversidad. El debate es qué producir y para quién, ya que los datos generalizados aluden a una creciente producción primaria exportadora. Los países están produciendo para el mercado mundial y no para privilegiar una demanda alimentaria o energética para la propia región y la satisfacción de las necesidades de los sectores de menores ingresos. En todos los países se acudió a políticas sociales compensadoras, que cumplen el papel de paliativos de las miserias derivadas del desempleo, la pobreza y la indigencia. Con distintos nombres e impacto cada país organiza programas, generalmente focalizados, aún beneficiando a una importante cantidad de personas, sin resolver la universalidad de beneficios sociales. Es la novedad de la década y la diferencia con los 80´ y 90´, singularmente en los países con gobiernos críticos al ideario y política hegemónica de los años previos. Es un sesgo distintivo con el sempiterno ajuste que renuevan los organismos financieros internacionales ante la crisis en Europa.

El tema de fondo (más allá de las políticas sociales) y lo que se discute es el mantenimiento del modelo extractivo para la exportación, que además, profundiza la dependencia con los insumos provistos por las transnacionales que definen el rumbo de la economía mundial. La política social compensa pero no resuelve, siendo el desafío la transformación de la organización económica al interior de los países y su articulación integrada para resolver soberanía alimentaria, energética o financiera. En este último aspecto vale mencionar que el Parlamento de Ecuador aprobó esta semana su pertenencia al Banco del Sur (en los marcos institucionales que definieron las últimas cumbres y que requieren aprobaciones parlamentarias de sus integrantes) y al Sistema Único de Cambio Regional, el S.U.C.RE, que apunta a constituirse en moneda regional. Es una audaz iniciativa que se toma en plena crisis de las principales monedas globales y que integra el paquete de la nueva arquitectura financiera mundial aportada desde América Latina y el Caribe.

La necesaria discusión en Argentina

Para la Argentina resultan interesantes estas discusiones, especialmente por el retorno del crecimiento económico (puede oscilar en torno del 6% para el 2010, contra el escaso 0,9% reconocido en la estadística oficial para el 2009); la recaudación fiscal récord, de 10.000 millones de dólares durante el mes de mayo pasado; y el abultado nivel de reservas internacionales (48.981 millones de dólares al 28/05/10 según informa el BCRA en su sitio en internet) , aún destinando parte a la cancelación de deuda pública en lo que va del año. El debate es la calidad del crecimiento, que para el caso argentino es la previsión de un nuevo récord en la producción y venta de automotores, que se estima para el año en 700.000 unidades. ¿Es el transporte individual el que debe privilegiar un modelo de desarrollo en la Argentina? ¿Qué proyecto existe para la promoción del transporte público, por tierra, agua y aire? Pero el crecimiento también se manifiesta en la construcción, en general como inversión de activos líquidos excedentes y con destino a sectores de elevada capacidad de consumo, mientras espera solución la crisis habitacional por insuficiencia de ingresos de los afectados, o por ausencia de crédito en condiciones adecuadas. El crecimiento renueva problemas estructurales tales como la provisión de energía y su correlato en cortes de electricidad, dificultades en el abastecimiento de gas, o la suba de importaciones de bienes intermedios y de capital para la producción en ascenso.

Son en rigor temas postergados. La conclusión que extraigo de importantes debates en el mundo y en la región, útiles para nuestra realidad nacional y regional, es que está bien compensar las falencias sociales derivadas del desarrollo capitalista, pero que necesitamos discutir al sistema y su modelo de producción, especialmente en tiempos de crisis y cuando el poder mundial no tiene más recetas que el ajuste y la profundización de la liberalización. Es lo que surge del encuentro de ministros del G20 esta semana en Corea del Sur, reunión preparatoria de la Cumbre presidencial en Toronto a fin de mes, y que nada presagia conclusiones alternativas y favorables a los pueblos. Es que lo alternativo es la novedad que se procesa por estos lares, y eso requiere creatividad en la dinámica popular en lucha contra el poder, y desafío intelectual para el pensamiento crítico, emancipador, en la perspectiva del orden capitalista en crisis y su superación.

Eso nos lleva al interrogante sobre el orden pos crisis y sus posibilidades de renovación exacerbada de la explotación de la fuerza de trabajo y de los recursos naturales; o de nuevos rumbos pos neoliberales y más precisamente pos capitalistas.

Domingo 6 de junio de 2010

El chantaje de la crisis

Julio C. Gambina — 2010-05-18T03:09:04Z

El dato de la crisis es ahora Europa. No sólo la periferia griega o portuguesa, o la otrora exitosa España, sino los principales países: Inglaterra, Francia y Alemania. La gigantesca deuda de los estados es con la banca de los principales países.

El salvataje, más que a los países es para los grandes bancos alemanes y franceses. Cualquier parecido con el derrumbe de la banca de inversión estadounidense, en crisis entre 2007 y 2009, no es pura casualidad.

La crisis continúa en territorio europeo, y así como el dólar se devaluó, ahora le toca al euro. Es parte de la manifestación de la crisis de la economía mundial. La intervención estatal es la norma de la política económica de época, desmintiendo la lógica neoliberal que abjuraba del estatismo y de aquellos que sindican de progresista al Estado capitalista.

Es el Estado actuando en la transferencia de ingresos desde unos a otros, adicionando que, en economía nunca se pierde, en todo caso, los recursos cambian de bolsillo.

El fenómeno se manifiesta como fuertes movimientos en las bolsas y hace que algunos la califiquen de crisis financiera. Es un error, el problema está en el orden social, el capitalismo y su lógica por acrecentar la ganancia. La recesión, la desaceleración, o el bajo crecimiento son obstáculos para la valorización de los capitales, y en razón de ello se convoca a nuevas rondas de disputa del producto social en el ámbito mundial.

Las clases dominantes usan la crisis para chantajear a los trabajadores y los pueblos, gobiernos mediantes, para ajustes del gasto social, reducción de pensiones, salarios, y descargar el peso de la crisis sobre los sectores más vulnerables.

Es quizá tiempo de pensar en otra arquitectura de las finanzas mundiales y ello nos lleva a discutir el endeudamiento y la impagable hipoteca que ello significa; el control y límite al libre movimiento de los capitales y por cierto a discutir el sentido de la producción y el patrón de consumo, pensando en satisfacer necesidades más que en la lógica productivista de un consumismo individualista. Son temas que trascienden el sube y baja bursátil para instalarse como un debate civilizatorio.

¿La deuda pública condiciona la política económica?

Julio C. Gambina — 2010-03-31T06:43:22Z

La economía argentina volvió al crecimiento según los datos del INDEC de enero del 2010. El crecimiento de enero contra el mismo mes del año pasado es de 4,9%, aunque el acumulado de los últimos 12 meses respecto al acumulado de igual periodo anterior es de 1,1%; y enero del 2010 respecto de diciembre del 2009 es de 0,4%.

Es aún prematuro definir por donde avanzará la economía el presente año, pero es probable que los datos del crecimiento económico estén por encima de la pauta establecida en el Presupuesto del 2010, fijada en 2,5% en el presupuesto aprobado por el Parlamento. Claro que fue una pauta pensada en pleno proceso de desaceleración de la economía a mediados del 2009 y que incluso se pensaba exagerada.

Parece necesario reevaluar el Presupuesto del 2010, discutiendo las asignaciones presupuestarias, de ingresos y egresos en función de objetivos de redistribución progresiva. Los valores presupuestarios indican la mayor importancia del destino de los mismos a la cancelación de la deuda pública en lugar de destinarlos a educación, salud o ciencia. Lo que pone en evidencia nuestra hipótesis del gran condicionante de la deuda sobre la política económica.

Una reevaluación presupuestaria podría generar una discusión en la sociedad y generar un movimiento popular favorable a una distribución progresiva del ingreso vía asignación de las cuentas públicas. Entre otras cuestiones, una suspensión de los pagos de deuda hasta tanto se sustancie una “auditoria” del conjunto de la misma.

Recordemos que la Argentina creció de manera importante entre 2003 y 2007 (a tasas entre 8,5% y 9%) y que, en 2008 comenzó una desaceleración agudizada en 2009 (apenas con crecimiento según el INDEC) al punto de revertirse el año pasado la tendencia decreciente de los datos sociales, pobreza, indigencia, desempleo, trabajo no regularizado, entre otros. Son 145.000 los puestos de trabajo perdidos el pasado año, principalmente en la industria, dice el ente oficial.

Por eso tanta expectativa en los nuevos registros de crecimiento, que se confirmarían para el primer trimestre del 2010, y la discusión por favorecer un nuevo ciclo inversor para mantener y acrecentar la recuperación económica.

La política económica busca atraer inversores y para eso se propone “regularizar su situación externa, volviendo a los mercados internacionales”. Con ese objetivo, se reabre el canje, se busca renegociar con el Club de París y se espera el momento adecuado para cumplir con las suspendidas auditorías del FMI desde el 2006. Es preciso enfatizar, en que estas son las razones por las que afirmamos que la deuda es un condicionante importante, más allá de la disminución comparativa con datos macroeconómicos, tal como ensaya Alfredo Zaiat en su artículo de Página12 del sábado 27 de marzo pasado.

Inflación y poder para fijar precios

Con el crecimiento de la economía (PBI) pueden ocurrir cambios en el consumo, en la inversión y en el saldo de la balanza de pagos. En la coyuntura lo que existe es una tendencia al crecimiento del consumo, una propensión baja a las inversiones y escasos indicadores de variaciones en las relaciones con el exterior. El problema es que se expande el consumo y con él los precios, lo que nos lleva al problema de la inflación. Es un debate en por lo menos dos terrenos, el del consumo y el de los precios.

Sobre el consumo, una de las explicaciones en boga relata el impacto positivo en los sectores de menores ingresos por la “asignación por hijos” que se viene pagando desde diciembre pasado. Un consumo, mayoritariamente, orientado a bienes de primera necesidad, especialmente alimentos. Pero también crece el consumo de bienes de uso durables, es el caso de los automotores o electrodomésticos, como así, también, cierta reactivación en el sector inmobiliario y la construcción, producto del cambio de activos como forma de protección ante posibles modificaciones de política cambiaria.

El consumo crece y eso genera posibilidades por el lado de la ampliación de la producción, siendo un problema el establecimiento de los precios, que esteriliza mecanismos de asignación de recursos para sectores desfavorecidos. En el mismo sentido se argumentan los rechazos patronales a los ajustes de sueldos pues invariablemente las patronales lo derivan a los precios.

Lo que se detecta es que los precios aumentan, precisamente en los bienes de primera necesidad, los alimentos, siendo la carne el ejemplo evidente en estos días. La política oficial se concentra en el control de precios de una canasta de bienes para el consumo de sectores de bajos ingresos. Así encontramos precios establecidos entre empresas y gobierno para evitar el encarecimiento. Pan y carne por ejemplo, aunque sea difícil encontrarlos en góndola, existen, y eso es lo que refleja la medición del INDEC. Lo que tenemos es una política de asignación de recursos a sectores menos favorecidos y una pauta controlada de algunos precios para evitar impacto inflacionario en esos sectores.

El problema de fondo sin embargo es el patrón de producción y comercialización concentrado en grandes empresas, que son las que fijan los precios del conjunto de la economía, más allá de las mediciones del INDEC. Si no se ataca la cadena de producción y comercialización monopolista será muy difícil controlar el encarecimiento, que resulta un mecanismo de distribución del ingreso a favor de quienes pueden fijar precios.

Esto queda claro en la puja salarial de estas horas. Mientras la inflación se presume de un dígito en la pauta oficial, los reclamos salariales promedian entre el 25 y 30%, porque aun existiendo precios controlados, la pauta de consumo de la población se extiende al conjunto de bienes y servicios (no contemplada en la metodología del INDEC), donde los precios se establecen bajo la pauta mercantil de la oferta y la demanda, siendo las grandes empresas productoras y comercializadoras las que definen el precio de venta.

Sin atacar el poder de monopolio de productores de bienes y servicios y grandes comercializadoras no podrá contenerse la inflación y aleja la posibilidad de una equitativa distribución del ingreso. Ese monopolio es ejercido por corporaciones transnacionales y grupos económicos de origen local que hegemonizan la producción y circulación en el capitalismo realmente existente en la Argentina, como base material de su dominación social.

El peso de la deuda

Los grupos y empresas mencionadas son clase dominante por su poder en la economía y demandan la “normalización” de la inserción en el capitalismo global.

Por eso, es que cierran filas con las iniciativas de vuelta a los mercados financieros mundiales, de donde nuestro país se alejó luego de la cesación parcial de pagos de la deuda pública de fines del 2001. Como así, también, celebran la autorización otorgada en EEUU a la reapertura del canje de deuda en el país. Se descuentan decisiones similares de otras regiones del capitalismo desarrollado, especialmente de Europa y Japón. El resultado será la inminente reapertura del canje cerrado en el 2005.

El reconocimiento de deuda a canjear incrementará el endeudamiento en unos 10.000 millones de dólares. Se supone que solo una parte de acreedores que reclaman 20.000 millones de dólares más sus intereses, estimados en otros 10.000 millones, se presentará al canje. De ese total de acreedores que ingresen a la propuesta oficial se operará una quita y el resultante se incorporará como capital a cancelar, junto a los correspondientes intereses.

Es cierto lo que algunos argumentan por estas horas, con relación a que la deuda disminuyó su incidencia en la economía, pero se equivocan al inferir la perdida de “condicionalidad” frente de la política económica. Es un argumento esgrimido por algunos seguidores del oficialismo, los que suscriben el Plan Fénix y algunos periodistas afines al gobierno, intentando legitimar el pago de deuda pública con reservas.

Sólo alcanzaría con observar algunas cifras del Presupuesto 2010. Para un total de gasto público por 273.129 millones de pesos, el monto establecido para Salud alcanza los 10.160 millones de pesos, un 3,72% del total mencionado. El gasto en Educación y Cultura asciende a 19.431 millones de pesos, un 7,11% del gasto. Para Ciencia y Técnica es de 5.175 millones de pesos, representando un 1,89% del presupuesto. Por su parte, la Deuda pública reconoce una asignación presupuestaria de 26.676 millones de pesos, es decir, un 9,76%. Queda claro que el Parlamento consideró y aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo que asigna esas contribuciones diferenciales, definiendo la importancia de unos y otros conceptos.

En esos valores no se cuenta la inminente reapertura del canje. En ese sentido puede incluirse la negociación que pueda habilitarse en el presente año con el Club de París por unos 7.000 millones de dólares. Son anuncios hechos público desde el año pasado y que pueden incluir compromisos de desembolso en el corriente año. Son datos que contradicen el argumento de que “la deuda se ha vuelto manejable”, ya sea por la disminución de la incidencia del stock de deuda reconocido por las autoridades respecto del PBI, por una mayor nominación en pesos y un alargamiento de los plazos de vencimiento y un menor porcentual con relación a las reservas internacionales. Estas son todas variables a modificar si se operan nuevos endeudamientos, como los que resultan de la reapertura del canje en ciernes, o la búsqueda de nuevos empréstitos del sistema financiero mundial que busca la normalización en danza.

No se considera que la deuda fue varias veces cancelada y que una de las explicaciones del gran crecimiento entre el 2003 y 2007 se funda en la exclusión parcial de pagos entre 2002 y 2005 producto del default y en la devaluación de la moneda.

Las clases dominantes están por el pago y solo debaten la mejor forma de hacerlo. Ese es el debate al que nos convocan las mayorías parlamentarias, a favor o en contra de decretos y leyes para utilización de reservas internacionales.

Definir otro camino

Sin embargo, existe una presión social y política por auditar la deuda pública, en simultáneo a la suspensión del pago y a la convocatoria a una consulta popular sobre el endeudamiento. Esta es una medida que debe ir acompañada con la aceleración de la inserción de la Argentina en las iniciativas regionales por una Nueva Arquitectura Financiera sostenida entre los países del ALBA. Es el camino de una nueva Banca de desarrollo donde se ubica el Banco del ALBA y el Banco del Sur; o la perspectiva de nueva moneda, en el camino que sugiere el SUCRE.

Parte de estas consideraciones estarán a las puertas del Congreso el próximo 30 de marzo, en conmemoración de la movilización de los trabajadores de 1982, días antes de la maniobra de la dictadura en Malvinas.

En aquella ocasión el movimiento de trabajadores levantaba la consigna del No pago de la deuda contra la dictadura.

Ahora, bajo regímenes constitucionales, se hace necesario discutir a la deuda como gran condicionante de la política económica.

Apuntamos a habilitar el pensamiento emancipador, que alienta el desarrollo soberano de un nuevo modelo de producción para un consumo que satisfaga insatisfechas necesidades de la mayoría empobrecida.

29 de marzo de 2010

El autor es Columnista de Salta 21; Profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Doctorando en Ciencias Sociales en la UBA. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Director del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina, CEFJA e integrante del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores en la Argentina, IEF-CTA.

Deuda pública: una asignatura pendiente en el debate

Julio C. Gambina — 2010-03-23T03:11:49Z

Se termina el verano y queda la discusión, impensada hace poco tiempo, de un tema estructural en el debate económico: la deuda externa pública.

Es importante porque es un tema estructural de las últimas 4 décadas y que tiñe la coyuntura. Decimos esto a pocos días de otro aniversario del Golpe del 76 (24 de marzo), donde la deuda fue el mecanismo económico privilegiado de una restructuración regresiva de la economía, la política y la sociedad. Precisamente, el 23 de marzo estaremos presentando en el edificio recuperado para la “memoria” donde funcionó la ESMA, un libro que escribimos en conjunto con Osvaldo Bayer y Atilio Boron sobre los fundamentos del terrorismo de Estado, donde destacamos el papel del endeudamiento para reorganizar las relaciones económicas en este tiempo, con privatizaciones, desregulaciones, liberalización económica y múltiples formas de disciplinamiento para asegurar ganancia y dominación de capitales concentrados insertos en la transnacionalización.

La deuda y su análisis es una asignatura pendiente, por eso importa el debate, aunque ahora en la agenda de los medios todo parece reducido a pagar con reservas o con fondos que surjan del presupuesto nacional. La voluntad legislativa mayoritaria es por el pago de la deuda. Así se verificó con el voto conjunto del oficialismo y la oposición (por derecha) para la reapertura del canje de deuda operado en el 2005. Que aún no se haya materializado no elude la voluntad conjunta y mayoritaria para favorecer cancelaciones de deuda. A ello debiera sumarse el pago al Club de París, puesto de manifiesto en diversas declaraciones públicas de autoridades nacionales. Son caminos para normalizar la inserción internacional en un sistema financiero en crisis, bajo las orientaciones de un restaurado FMI y en el marco de las disposiciones del G20.

Si se retoma un debate profundo se recuperará una riquísima historia de cuestionamiento al mecanismo de la deuda en la conformación del capitalismo contemporáneo, local o global. La afirmación es válida, incluso más atrás en el tiempo. Para ello hay que remontarse al papel del crédito de la Baring Brothers durante los 80 primeros años de intento por construir un país independiente (válido para pensar en tiempos de Bicentenario). La deuda pública argentina, inaugurada con el empréstito de la Baring generó las condiciones de la dependencia con el capitalismo global hegemonizado por Inglaterra. En las ocho décadas de vigencia del crédito, tres de ellas el país estuvo en default, sin embargo en todo el periodo la deuda fue parte sustancial del condicionamiento de política económica.

La deuda condicionó en el Siglo XIX el desarrollo nacional autónomo y volvió a reincidir en sus efectos en los años 70´ del Siglo XX. La Argentina otorgó, con el endeudamiento público, funcionalidad a un capitalismo necesitado de hacer fluir fondos excedentes del capitalismo central que no encontraban rentabilidad ante la recesión en el capitalismo desarrollado de fines de los 60´ y comienzos de los 70´. Una funcionalidad similar ofrecieron los países dependientes en aquellos años de crisis de rentabilidad del capital. Puede verificarse en América Latina y otras regiones del sur del mundo. El papel del endeudamiento deliberado del sur en los 70´ fue una forma de contrarrestar los problemas estructurales del capital más concentrado en escala mundial. No es novedad lo que afirmamos, pues el papel de la deuda pública es consustancial con el origen del régimen del capital. Los Estados se hicieron fuertes en base a empréstitos de la sociedad para emprender sus proyectos, de guerra expansiva o defensiva, de expansión económica y evolución, de promoción de los mercados internos y externos, claro que esos recursos luego debían devolverse. Así surgió la necesidad del régimen tributario (con más extensión pueden leerse estos argumentos en los estudios sobre la acumulación originaria de Carlos Marx).

Si los Estados se endeudan, estos deben buscar los recursos para cancelar sus obligaciones. La deuda genera los recursos tributarios en una cadena viciosa, donde la recaudación tiene destino en la interminable (¿imposible?) cancelación de deuda, y la deuda refuerza ingresos insuficientes que exigen nuevos y mayores tributos o renovación y ampliación de préstamos. Pensemos en la regresividad del sistema tributario construido en la Argentina de los años de la dictadura para acá, para entender quién financia al Estado, o dicho de otra manera, quien ha pagado hasta ahora la deuda. Lo señalado va más allá de los negociados que existen detrás de una deuda largamente pagada por un pueblo que bien podría asumirse como acreedor, más que deudor. El problema debería ser más de quienes se consideran acreedores de una deuda ilegitima e ilegal en su origen y que, producto de complicidades múltiples, se ha transformado en una “deuda de honor”, al decir de quienes expresan hoy una voluntad de pago.

El capitalismo instaló ese sentido común de “honrar las deudas”, generando las culpas de deudores imposibilitados de pagos por el mismo funcionamiento del sistema. ¿Cuántos créditos prendarios o hipotecarios no pudieron cancelarse por modificaciones de funcionamiento del sistema económico? (Ídem con préstamos a pequeños y medianos empresarios o productores) ¿O por condiciones lesivas de políticas monetarias o financieras? Propias de devaluaciones o restricciones crediticias asociadas a objetivos de política económica de desprecio de intereses no hegemónicos en el régimen del capital.

Justicia demorada

La vida cotidiana, producto de una memoria sostenida desde el movimiento popular, devuelve la imagen de militares que acuden al banquillo de los acusados. ¿Qué pasa con los Martínez de Hoz, los Machinea o Cavallo? Todos ellos mencionados en el dictamen del juez Ballesteros de hace apenas una década (Junio, 2000). O de otro modo, ¿qué pasa con toda la complicidad bancaria empresarial del endeudamiento generalizado por 4 décadas y usufructuarios de comisiones, intereses y beneficios económicos de un mecanismo que condenó a millones de personas a la indigencia o la pobreza estructural, a la miserabilización de la vida en la Argentina, o en otras latitudes de América latina o el mundo?

Debatir la deuda pública argentina es discutir la ley de entidades financieras del 77, la ley de inversiones externas, ambas de la dictadura, pero también el pacto minero entre Chile y Argentina en los 90 para la explotación de la cordillera, o el permiso para el desarrollo de los organismos genéticamente modificados (OGM) en la agricultura. No se puede ignorar que la cosecha récord de este año, con tendencia al monocultivo a partir de confirmar que más de la mitad de la cosecha será de soja, para alimentar animales de otras parte del mundo, mientras se afecta la soberanía alimentaria local. ¿Cuándo serán convocados a la Justicia los responsables de este reaccionario cambio estructural de la Argentina? ¿Alcanza con demandas y sentencias sobre militares? ¿Quedará exento el poder económico y sus cómplices en el régimen político?

Podríamos ser considerados ingenuos si esperamos respuestas sistémicas que enjuicien su propia lógica. Es evidentemente una cuestión política, de poder. Lo que nos lleva a la cuestión de la crisis política vigente en la Argentina. De nuevo, bajo otras circunstancias el dilema del 2001, que en rigor, se arrastra desde la disputa por el poder en los 60´ y 70´. La balanza de la disputa se inclinó para transnacionalización del capitalismo en la Argentina, terrorismo de Estado mediante.

La disciplina del terror funcionó, con desapariciones, torturas, asesinatos, exilios y variadas formas de represión (algunas continúan); replicándose luego bajo mecanismos económicos sociales, la inflación y la hiperinflación, el desempleo, subempleo y la precarización continua (presente en nuestro tiempo). Esto es consecuencia de la dictadura, del endeudamiento, del poder económico. Las ganancias del presente tienen antecedentes en el pasado reciente, en los años de plomo y en un tiempo de desestructuración de la organización popular.

Resulta imprescindible el enjuiciamiento de los responsables. ¿Es utópico? ¿Es posible? Como sostuvimos, es una cuestión de poder popular, y por ello debe cambiarse la lógica del análisis y la acción política del colectivo social mayoritario afectado por el funcionamiento de las reglas hegemónicas de la economía. Cuando sosteníamos la anulación de las leyes de la impunidad nos decían que era imposible. Nos empeñamos en ese accionar y con la acumulación política popular del 2002 fue realidad la anulación. Pero sin ley previamente presentada ello no hubiera sido posible. La lógica del capital reclama honrar las deudas profundizando el estado de desigualdad creciente y superexplotación de la mayoría trabajadora del pueblo.

Cambiar la lógica del poder es el desafío de la época para construir una política alternativa. Un poder alternativo. Algunos amigos me señalan la imposibilidad de avanzar por ese camino en la realidad de nuestros días. Es un argumento que nos condena a políticas defensivas contra el avance de mayores males expresados por quienes imaginan el retorno de las políticas explícitas de los 90´.

Es la crisis del capitalismo la que nos anima a impugnar el régimen del capital e intentar constituirnos en animadores de un proyecto emancipador, de liberación, que contacte con procesos similares de la región latinoamericana y caribeña. Es cierto que un gran paso viene constituido por el rechazo al discurso hegemónico en la década pasada.

Ahora se requiere transitar el camino del cambio estructural revirtiendo las causas generadoras de los efectos regresivos ampliamente conocidos, entre las que se encuentra el endeudamiento. Insistamos una vez más: la deuda es funcional al capitalismo. Las crisis de la deuda han llevado a negociaciones y renovaciones, aún con quitas de capital, para terminar debiendo más y comprometiendo recursos públicos crecientes para restañar los problemas de rentabilidad del régimen del capital en crisis.

Participación popular para decidir

Es tiempo de consultar a la población. En el 2003, en pleno default parcial de la deuda (2001-2005) se convocó una consulta popular sobre tres cuestiones. Los resultados fueron elocuentes para 2.100.000 personas participes de la encuesta. El 98% se pronunció contra la militarización. El 96% rechazó el ALCA. Finalmente el 88% manifestó su adhesión al No Pago de la Deuda. Una cifra menor que los otros asuntos, muestra que se trata de un tema complejo, pero ese porcentual supone un activo de 1.900.000 personas manifestando su voluntad contraria al pago de la deuda. Fue una manifestación soberana. ¿No es tiempo de convocar a una nueva consulta popular sobre el endeudamiento, su pago o no?

Que el pueblo decida, con toda la información y el tiempo para pensar la coyuntura desde la estructura conformada históricamente. Es una cuestión del presente y del futuro. Es cierto que una medida de no pago supone confrontaciones políticas con el poder económico local y mundial. Ante ello muchos sostienen que resulta imposible, que ni Venezuela decidió no pagar la deuda. Es cierto, sostengo, aunque debe reconocerse el esfuerzo en el ALBA por la nueva arquitectura financiera en la región, la salida del CIADI de Bolivia y la Auditoría de la Deuda en Ecuador. En general comparto los argumentos que me contraponen, pero creo que alguien tiene que colocar un discurso alternativo, sino, “solo se puede hacer lo que se puede”, y una buena discusión es que es lo que se puede, pues el camino “posible” abonó el camino que llevó a Macri al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el 2007. Más que aciertos en la propuesta del empresario, lo que ocurrió fue un voto castigo a la centroizquierda y sus límites en la administración de Buenos Aires.

Hay quienes creen que al plantear propuestas alternativas a las sostenidas por el Gobierno se identifica a la actual administración con las propuestas llevadas adelante en los 90´. Lo que intento es colocar el debate de la deuda desde su origen, no señalar que no hay matices en los gobiernos constitucionales. Solo desde allí es que se puede pensar en mecanismos "políticos" de construcción alternativa. Soy más preciso, no sirve hoy comparar Venezuela con Argentina, porque desde Caracas, junto a Bolivia, Ecuador y Cuba se inició un proceso complejo de objetivo articulado por otra sociedad. No es el camino de Brasil, Argentina o Uruguay. En aquellos países se ha constituido un sujeto colectivo, o se intenta construir para avanzar en un rumbo alternativo, socialista, del Siglo XXI, comunitario, o como se lo quiera llamar.

¿Qué sujeto se construye en Argentina, Brasil, o Uruguay? En este último existe una base política en el Frente Amplio, y social en el PIT-CNT, en el cooperativismo de vivienda, en el movimiento estudiantil, todos con trayectoria combativa por décadas y quizá, la estrategia nacional actual puede concebirse como una etapa de transición. Para pensar y a responder principalmente por el movimiento popular uruguayo. La situación en Brasil es más compleja por historia de la sociedad y del movimiento popular. El PT decidió una alianza más amplia para gobernar sin precisar nuevos desafíos de radicalización del proceso político. Insistamos también que es un debate brasileño, aunque afecta, por cierto, a todo el continente. ¿En Argentina, qué? La base gubernamental de sustentación política central está en el PJ y la CGT y quizá en alguna de las centrales empresariales. No es la constitución de un sujeto por las transformaciones, aunque existen sectores que apoyan al oficialismo con tradición y pertenencia al campo del cambio político e incluso por la revolución. Uno de los elementos en que sustento mi posición parte de que el oficialismo no termina de reconocer a la CTA, su personería y papel en la construcción de nueva subjetividad por el cambio, o la aceptación de nuevos sindicatos que proliferan en una lucha despareja contra la impunidad de las patronales.

No se trata sólo de consignas, o de ser simplista, como algunos indican. Son argumentos para la polémica en la perspectiva de construir sujetos para el cambio político en el país, en la perspectiva de avanzar en el proyecto emancipador que recorre una parte de la región Latinoamericana y Caribeña.

Buenos Aires, 21 de marzo de 2010

El autor es Profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, UNR. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Director del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina, CEFJA. Integrante de ATTAC-Argentina.

Los trabajadores pagan la crisis y las patronales la usan para el chantaje

Julio C. Gambina — 2010-03-01T03:57:10Z

Uno de los impactos más crudos de la crisis de la economía mundial se mide en términos de empleos caídos, reducción de los salarios y deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias.

Es un tema que se constata en la evolución del desempleo estadounidense que pasó del 6% al 10% en los últimos dos años, los de la crisis, y pese a la recuperación y salida de la recesión a finales del 2009. El abultado salvataje estatal en EEUU tuvo destino en grandes empresas con problemas económicos y financieros, que utilizaron los fondos para promover el ajuste al interior de las empresas, cerrando sucursales, talleres, plantas industriales, oficinas y salones de venta; cesanteando y licenciando personal, negociando reducción de ingresos y perdidas de derechos laborales; aunque también se derivaron recursos del salvataje para asegurar importantes ingresos de los principales ejecutivos de las grandes empresas en problemas. Luego de la recesión por un año y con dudas de una recidiva, la variable de ajuste son los trabajadores y sus familias, con un Estado que inclinó la balanza en favor de las empresas, los ejecutivos y los empresarios.

Pero no es sólo EEUU, España con su 20% de desempleo, unos 4 millones de personas, en un país que era visibilizado como el milagro contemporáneo, se pone de manifiesto el mismo proceder y resultado. Era un país que había salido de la marginalidad europea gracias a la potenciación de la integración en el viejo continente y la lubricación de un mercado inmobiliario alentado por las finanzas continentales. Ahora, descargando la crisis sobre los trabajadores españoles, el capitalismo europeo pretende diluir una crisis profunda que afecta también a Grecia, a Portugal, a Irlanda, países que están colocados en la vidriera de la crisis. Claro que no siempre el fenómeno expresa la esencia, y detrás de los estados endeudados están los prestamistas: la banca francesa y alemana. Por ello, la crisis no es solo de la periferia europea, de los PIGS (por Portugal, Irlanda, Grecia y España), sino del centro bancario y económico de la Europa Unida: Francia y Alemania. Europa no está fuera de la crisis y los que pagan son los trabajadores. Esa es la razón de una conflictividad visible con el paro y movilización de los trabajadores griegos, en contraste con la negociación salarial que empujan las centrales sindicales de los países de Europa que subordinan la demanda salarial al chantaje empresarial de la crisis.

El hecho es que la crisis descarga su peso sobre los trabajadores, en EEUU y en Europa y actúa como un gran chantaje ejercido por el capital contra el trabajo y el conjunto social. Es un chantaje que enarbolan los organismos internacionales con sus recetas de ajuste y liberalización de la economía. De ese modo, la crisis se utiliza como excusa para avanzar en la ofensiva liberalizadora de los capitales más concentrados. Mientras se afectan ingresos y condiciones de vida de la población trabajadora se realiza un trabajo ideológico sobre el conjunto de la sociedad para legitimar los ajustes regresivos.

¿Por casa cómo andamos?

El interrogante es si ocurre algo distinto en nuestra región y especialmente en la Argentina. Un argumento generalizado es que las políticas activas de los Estados vienen a sostener el nivel de actividad, evitar la recesión y cuando se produce, salir rápidamente de ella. Es el argumento usado en EEUU para justificar el salvataje de empresas, de lo contrario, se sostiene, se estará peor. Es un discurso que merece ser discutido para pensar si cualquier modelo productivo, o cualquier tipo de sostenimiento del nivel de actividad es el adecuado para una calidad de vida que asegure soberanía alimentaria, energética, o financiera.

En nuestro país se insiste en el impulso a políticas activas para escaparle a la recesión, luego de un 2009 donde el ritmo de evolución de la economía cambió de signo. Entre 2003 y 2008 se verificó un importante crecimiento. Los valores reducidos de crecimiento para el 2009 son considerados un logro en las condiciones de la crisis. Lo cierto es que en el ciclo expansivo hubo crecimiento y por lo tanto ampliación del empleo, pero vale la pena interrogarse sobre ese crecimiento y sobre el tipo de empleo. Convengamos que buena parte del crecimiento se mide en toneladas de soja, o producción de una creciente explotación minera a cielo abierto, con efectos en el medio ambiente, la utilización de tóxicos y cantidades muy importantes de agua dulce. Hubo un crecimiento explicado en la expansión del automotor y su cultura contaminante, tema de discusión irresuelta en Copenhague. La construcción explica buena parte del crecimiento y si en el país no hubo crisis inmobiliaria o hipotecaria está más basada en los límites del crédito que en méritos del sistema bancario o la política financiera.

¿Ese es el crecimiento que se requiere? O pensando en términos soberanos se requiere volver a sustentar el privilegio de los valores y formas de desarrollo de la agricultura familiar, el abastecimiento para consumo de las personas en el país y la región, aunque claro, también del mundo. Ello supone la producción y uso soberano de la energía, recuperando empresas privatizadas o generando nuevas entidades estatales y/o asociadas a los interesados, tanto trabajadores como consumidores o usuarios. Todo lo dicho se sostiene en un momento de liquidez financiera nacional y regional que permite pensar una nueva arquitectura financiera regional para un desarrollo productivo alternativo.

Pero el tema no es sólo el crecimiento, sino el tipo de ingresos que ese crecimiento generó y su correlato en desigualdad. Es cierto que Argentina mejoró sus indicadores respecto del pico de la crisis en 2002, pero no los mejoró estructuralmente con respecto a la situación de los 90´, o de los 80´. La mejoría relativa en el corto plazo se empaña en el largo plazo, porque el papel de los trabajadores, sus ingresos y su organicidad (mejor sería “falta de organicidad”) es funcional al tipo de relación que moldeó el capital desde los tiempos de la dictadura. La relación entre patronales y trabajadores cambió sustancialmente desde mediados de los 70´, terrorismo de estado mediante, y es una lectura que no es solo para la Argentina, es también extensible para la región sudamericana y para el capitalismo contemporáneo que está materializando en la presente crisis los objetivos de la ofensiva del capital implementada bajo el símbolo de las políticas neoliberales, la cara contemporánea de la explotación.

Lo cierto es que la crisis capitalista en curso significa un nuevo y duro golpe para los trabajadores en el mundo. No solo se trata de 50 millones de nuevos desocupados, sino de un escalón más en la ofensiva liberalizadora del capital. Es un fenómeno que avanza sobre la desorganización sindical y política del movimiento de trabajadores. Ello representa un desafío para los trabajadores que no puede resolverse con las armas y argumentos propios de un capitalismo de pleno empleo y políticas estatales de “bienestar”. El Estado capitalista en la crisis juega para restablecer el régimen del capital, que hoy demanda ajuste regresivo y liberalización afectando continuamente los intereses de los trabajadores. La subordinación del Estado al capital necesita ser cuestionada por los trabajadores para que la crisis deje de ser un chantaje y se transforme en oportunidad para los cambios de sistema de producción y el objetivo de satisfacer necesidades populares.

Buenos Aires, 28 de febrero de 2010.

El autor de la nota es Profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, UNR. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y políticas, FISYP. Miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Director del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina, CEFJA. Integrante del Instituto de Estudios y Formación de la CTA. Integrante de ATTAC-Argentina.

Argentina: reapareció el debate sobre la inflación

Julio C. Gambina — 2010-02-28T08:20:36Z

Más allá de los índices inflacionarios, está claro que los precios aumentan y como siempre, afectan a la población de más bajos ingresos. Es una situación que genera debates interesantes y por cierto, algunas explicaciones insólitas.

Desde el Jefe de Gabinete que señala que los precios aumentan porque existe una mejora en la distribución del ingreso, lo que invalidaría por definición el reclamo por la mejora en la distribución, una consigna extendida en el movimiento popular y el arco político de la izquierda en sentido amplio.

Sindicar el consumo de los pobres como parte de la escalada de precios invalida la propia “política social” gubernamental, con 2 millones de beneficiarios directos. La inflación erosiona esos ingresos que en general no se actualizan. Por su parte, el Ministro de Economía pretende radicar el incremento de precios solo en algunos bienes o servicios para no asumir el rebrote inflacionario.

Desde el propio entorno oficial, el secretario de la CGT salió a defender el reclamo salarial por ingresos atrasados, de salarios contra precios y anticipa discusiones y conflictos por reajustes salariales muy lejanos de los valores oficiales de la inflación del 2009. Es cierto que la demanda por ingresos también reaparece desde el lado de los desocupados y sus movimientos territoriales, recreando anteriores reclamos y multiplicando la petición por mejora de ingresos entre trabajadores en actividad y desalojados del mercado laboral. La medición inflacionaria del INDEC registró un crecimiento del 7,7% para el pasado año, y los dirigentes sindicales demandan reajustes entre el 20 y 25% para la ronda de negociaciones colectivas, valores que anticipan la inflación del 2010. Las patronales no quieren sobrepasar montos entre el 12 y el 15%. Para ello presionan sobre las autoridades y cuentan con el bajo nivel de sindicalización de sus trabajadores. Claro que al mismo tiempo intentan sacarse responsabilidad sobre la suba de precios, demandando políticas económicas que favorezcan las inversiones privadas y fundamentalmente se les otorgue seguridad jurídica para satisfacer el objetivo de la ganancia.

Alimentos y carnes

Pero decíamos que el tema suscita debates interesantes y quizá en ellos debamos concentrarnos, pues existen polémicas sobre los índices, el fenómeno inflacionario y mucho menos sobre las causas de fondo y consideraciones de política económica alternativa.

Una de las discusiones de esta hora remite al precio de los alimentos en general y de la carne en particular. Es sabido que se trata de un alimento esencial en la dieta alimentaria de los argentinos, difícil de sustituir, especialmente para economías familiares de ingresos escasos.

El INDEC informó un crecimiento de los precios al consumidor del 1% para enero, de 1,6% para el rubro alimentos, en el cuál sobresale un incremento de las carnes del 4,7%. Los medios de comunicación, enfrentados al gobierno, respondieron con entrevistas a comerciantes (carniceros) que hablaban de crecimientos entre el 25 y 30% en el verano. El INDEC se sintió obligado a aclarar, y el viernes pasado (12/02/10) emitió un comunicado de prensa explicando que el 4,7% de subas es resultado del promedio de todos los tipos de carne (vacuna, aves, pescado, mariscos, fiambres y embutidos) y que para “cortes delanteros y traseros de carne vacuna fresca”, aumentó un 7,06% con respecto al mes anterior. Al final del mensaje “recuerda que el índice publicado en esta oportunidad se refiere exclusivamente al mes de enero de 2010, por lo que no incluye las variaciones de precios ocurridas en las últimas dos semanas” (febrero), con lo cual, hay que prepararse para el registro del presente mes.

Adicionemos a la cuestión de los índices que esa suba en carnes fue igualada por el rubro “Diarios, Revistas y Libros” y solo superada por el rubro “Turismo” que alcanzó un crecimiento del 7,9%. Ambos son consumos de sectores que mantienen capacidad de gasto.

Convengamos de todos modos, que el 1% de inflación minorista en enero está lejos de otras mediciones, incluidas algunas provincias que no siguen la metodología implementada en el organismo nacional. Para la ex Directora del IPC del INDEC, Graciela Bevacqua, que continúa la serie abandonada en el INDEC (desde Buenos Aires City, centro insertado en la Facultad de Económicas de la UBA) difundió un guarismo de crecimiento de los precios de 2,3% para enero. En su informe, puede observarse que el registro del IV trimestre del 2009, anualizado, alcanza al 17,7%. Muy superior, por cierto, al oficial difundido del 7,7%. Pero aún así, este indicador ubica a la Argentina como uno de los países de la región latinoamericana con mayores incrementos de precios en el 2009 y en la perspectiva del 2010. La mención vale por la importancia cultural que en la historia reciente ha tenido la inflación, aún luego de once años de convertibilidad y estabilidad de precios.

Argumentos en discusión

Estos índices traen la discusión sobre el fenómeno “crecimiento de precios”, donde cada quién aporta sus argumentos, sean productores, fabricantes (especialmente frigoríficos), los comercializadores (especialmente los grandes supermercados), exportadores, y donde se perjudican los consumidores de menor capacidad de compra, ya que en los de elevado ingreso poco incide la variación de precio de los cortes más caros, o de otros productos, al momento del consumo. Pero también están los comentaristas (políticos, periodistas, especialistas), que de un lado justifican los elevados precios por la disminución en la producción por imperio de la expansión de la siembra y cosecha de soja (precios y rentabilidad mediante), o la sequía del último año. Cada quién con su argumento pretende colocar en discusión su cuota de razón.

Los productores justifican la retención para intentar recuperar terreno perdido de la ganadería a mano de la agricultura, o por perdidas derivada de la falta de agua. Desde otro ángulo se usa el mismo argumento para sindicarlos como responsables de las penurias de la sociedad que debe pagar más por los consumos cotidianos. Los fabricantes más concentrados, en muchos casos coincidentes con los grandes comercializadores del mercado local y externo justifican la lógica capitalista de obtener localmente el precio internacional en sus ventas. Desde el gobierno se insiste en que la situación sería distinta con aplicación de las retenciones móviles rechazadas en el Parlamento en 2008. Una forma de asignar a la política fiscal funciones más específicas de un curso de acción productivo, especialmente en el agro y la generación de alimentos.

Por todo ello, el problema es el “modelo productivo”, capitalista, lo que supone decisiones mercantiles avaladas por un régimen legal y una política (económica) que no discute los modos para asegurar Soberanía Alimentaria (también energética y financiera), lo que pondría en discusión el régimen de propiedad de la tierra y la dominación monopolista en el encadenamiento productivo que dirigen las transnacionales de la alimentación y la tecnología para su producción. La discusión se aceleró desde Punta del Este, con un discurso del próximo presidente uruguayo, Pepe Mujica, que entusiasma a los empresarios de acá, que fueron mayoría en ese encuentro que la prensa comenta reunió a unos 1.500 empresarios. El discurso envalentona a los que demandan “seguridad jurídica de las inversiones”, como base de sustento de una política de acumulación capitalista. El argumento es que la inflación se combate con más producción y para eso se requiere estimular la inversión privada. Algo muy distinto de los que proponemos resolver otras “seguridades”, sociales y culturales, de quienes sufren en forma directa el crecimiento inflacionario en la condiciones de funcionamiento del capitalismo.

Por eso la Soberanía alimentaria, energética o financiera, como objetivo de política económica. En tiempos de bicentenario, donde se alude a la dependencia y su contrario, la independencia, resulta importante se cuestione el orden económico social vigente y pensar en términos alternativos, que orienten “otro modelo de producción”, con otros beneficiarios. Es la posibilidad de la Argentina y sus ventajas comparativas alimentarias para aportar a la experiencia emancipadora en curso en la región latinoamericana y caribeña.

El autor de la nota es Profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Director del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina, CEFJA. Fundador de ATTAC-Argentina.

Petróleo y Malvinas en el debate por la soberanía

Julio C. Gambina — 2010-02-22T18:41:14Z

Se reabrió la polémica por las Malvinas en un tema estratégico: la explotación petrolera. La noticia remite a inversiones inglesas en las islas argentinas usurpadas por el Reino Unido y la decisión del gobierno argentino por impedir el transporte de materiales asociados a dicha explotación.

Esa medida gubernamental está sostenida en el incumpliendo inglés de acuerdos diplomáticos entre ambos países. Acuerdos que funcionaron entre 1995 y 2007 y reiteradamente incumplidos por las licitaciones de áreas petroleros habilitadas por Inglaterra en Malvinas.

Los trascendidos y declaraciones en cada país motivan las más diversas especulaciones, incluso guerreristas (al mejor estilo Thatcher en 1982) en el ambiente electoral británico, pero lo importante es la discusión sobre el uso soberano de los recursos naturales, un tema que trasciende la explotación de hidrocarburos y se proyecta a la explotación de la minería, de la tierra y su producción agrícola y ganadera, especialmente en tiempos de subas de los precios de la alimentación y deterioro de la capacidad de compra de los sectores de menores ingresos.

El capital sin fronteras

El hecho son las concesiones para explorar y explotar yacimientos establecidos en el mar argentino. Son acciones de empresas transnacionales sobre un potencial de 200.000 millones de barriles de petróleo.

No resulta ocioso recordar el peso estratégico de la producción petrolera en las condiciones del modelo productivo vigente y que la Argentina es de los pocos países que no administra soberanamente las reservas petroleras. El 90% de las reservas de petróleo del mundo son administradas por los Estados nacionales, claro que también se verifica la dependencia de la actividad petrolera de las corporaciones privadas que manejan el paquete de la tecnología del petróleo, la comercialización, el financiamiento y el transporte. No alcanza con la soberanía sobre los yacimientos, siendo estratégico el paquete tecnológico, el know how de la exploración, explotación y distribución de los hidrocarburos. Es todo un tema para pensar la cuestión energética desde un enfoque alternativo, pues no solo se trata de recuperar la petrolera estatal, sino de articular un trabajo de ciencia y técnica en el marco de la cooperación e integración regional.

El episodio que comentamos articula a la Empresa Desire Petroleum y uno de sus principales accionistas: la Banca Barclays, entidad financiera organizadora seleccionada por el gobierno argentino para la reapertura del canje de la deuda externa en cesación de pagos. Se trata de una combinación de dos temas centrales, la explotación petrolera y la negociación de las acreencias externas. Convengamos que la cuestión involucra a socios locales de la iniciativa inglesa, ya que el detenido embarque de tubos sin costura provenía de la empresa Techint. Este consorcio actúa en la explotación petrolera en territorio argentino a través de Tecpetrol y cabe el interrogante si el intento exportador de Techint no inhabilita el accionar del grupo en la explotación petrolera en nuestro país.

Es un razonamiento extensivo a la actividad petrolera inglesa, de la Barclays y la banca británica, como de todas las empresas externas, especialmente inglesas, que operan en el país. Recordemos que existen disposiciones de la Secretaría de Energía que prohíbe expresamente operar en la plataforma continental argentina sin habilitación de autoridad competente de nuestro país, situación que incluye a las empresas “controlantes, controladas, accionistas, y asociadas”.

Pensar y actuar soberanamente

Son cuestiones a considerar en el marco de la recrudecida crisis de la economía mundial, donde se discute la cuestión fiscal de Europa, el déficit de los estados europeos y su financiamiento por la banca europea. La respuesta del capital y los Estados hegemónicos a la crisis pasa por el ajuste de las cuentas públicas afectando salarios y gasto estatal social, y por una nueva escalada de la ofensiva del capital por la expansión de la explotación de fuerza de trabajo y recursos naturales.

Es tiempo para pensar en la administración soberana de la economía, en soberanía alimentaria, energética y financiera. Lo que estamos sugiriendo es combinar acciones diplomáticas con un debate sobre la soberanía del orden económico local. ¿Es acaso utópico pensarlo, cuando la tendencia es al alza del precio del petróleo, de las tasas de interés (ahora aumentadas por la Reserva Federal de EEUU) y de los precios de los recursos naturales? El debate no es ocioso, máxime cuando el país está negociando el tratado de libe comercio entre el Mercosur y Europa para suscribir en Mayo en los fastos del bicentenario.

El asunto es que no son discusiones distintas, el libre comercio que afecta y afectará a la debilitada industria local es parte de la estrategia ofensiva del capital mundial por la expansión de su actividad en recursos naturales, finanzas y comercio.

Lo que sugerimos es la oportunidad para la discusión sobre la organización económica local sobre bases de soberanía, ahora que se acaba de anunciar el funcionamiento de una articulación entre el Ministerio de Economía y el Banco Central para redefinir el “modelo productivo” surgido de la cesación de pagos de fines del 2001 y de la devaluación de comienzos del 2002. De allí vino el gran crecimiento económico de los últimos años. Se sostiene ahora que además de dólar alto hace falta financiamiento para ampliar la inversión y la acumulación.

Pretendemos argumentar que no sirve engordar el mismo modelo productivo. Se requiere avanzar en otro sentido, donde el eje sea la soberanía y la satisfacción de necesidades sociales que fundamentan la extendida pobreza en la Argentina.

Buenos Aires, 21 de febrero de 2010.