Otra vez el cuento de la flexibilización laboral

En el editorial que expusimos con fecha 18 de noviembre de 2016 (1), comentamos la identidad de las medidas económicas de la dictadura cívico-empresarial-militar de marzo de 1976 y la dirección económica impuesta por el FMI con su agente internacional todo servicio José Alfredo MARTINEZ de HOZ.

Mencionamos en ese caso –entre otras medidas, que también se repitieron en la década de los noventa (1990/1999)-, la restricción de dinero circulante en el mercado, las recetas recesivas, el llamado enfriamiento de la economía, la apertura de las importaciones, la destrucción del mercado interno y la bicicleta financiera.

En esta última semana de noviembre y siguiendo la línea macro económica que dictan los acuerdos con los organismos financieros que son los que van fijando la agenda política de un gobierno sumiso y cómplice, se ha restablecido otra vez más el embate contra la legislación del trabajo en Argentina.

Y los medios masivos de comunicación oficialistas han empezado a insistir con la necesidad de modernizar las normas, y por enésima vez han comenzado la campaña pro flexibilización laboral.

El término flexibilidad, como se conoce, es la acción de flexibilizar. Y esta palabrita alude literalmente a la capacidad de doblarse un cuerpo fácilmente y sin que exista peligro de que se rompa, y también se refiere en términos de conducta, a la capacidad para adaptarse a las distintas circunstancias o –más precisamente- acomodar las normas a distintas situaciones o necesidades.

Cuando un gobierno como el que nos rige desde el mes de diciembre de 2015 habla de flexibilizar, todos entendemos que se está refiriendo a que sean los trabajadores los que se doblen y no los empleadores, se habla de la desregulación del mercado laboral, de la reducción de derechos de orden público, de techos salariales en paritarias, y de lo que el premio nobel de economía Joseph STIGLITZ ha llamado la inseguridad y la mutabilidad de los puestos de trabajo.

Y así este tema se expone a la opinión pública siempre con la misma cantinela, basada en que si los contratos de los trabajadores se tornan menos exigentes, los empresarios van a perder el miedo de tener empleados, y van a demandar más personas para sus empresas y cuando las leyes sean menos rigurosas todos van a tener trabajo. Este argumento es tan viejo como mentiroso.

El efecto de reducir derechos de los empleados en relación de dependencia no es ni social, ni político, ni legislativo, sino lisa y llanamente económico. Si los trabajadores tienen menos derechos a respetar y reconocer, esto significará menos erogaciones para las empresas y esos pagos que antes pasaban a la masa de asalariados ahora quedarán en poder de las empresas. Se trata ni más ni menos que transferir recursos del sector del trabajo al del capital.

Esta variable es tan conocida y básica en cualquier gobierno de signo neoliberal, que la dictadura videlista que tomara el poder el 24 de Marzo de 1976, dictó la mal llamada ley 21.297 –que en realidad fue un bando militar- apenas un mes después el 23 de Abril del mismo año, modificando la ley de contrato de trabajo y cercenando derechos hasta entonces vigentes.

Igualmente en la década infame de La Rata (2), un poco más improvisado y menos rápido de reflejos que los genocidas, el plan fue el mismo. En el año 1989 –al arribo de los neoliberales de entonces- el índice de desempleo era del 8,1%. En 1991 se dictó la ley nacional de empleo (nº 24.013) rápidamente bautizada como la ley de los contratos basura, y hasta su reforma en 1998 el índice había trepado al 15%.

Con esos hechos de la historia reciente se prueba sin mucho esfuerzo que la precarización de las normas de trabajo no reduce el índice de desempleo sino que lo aumenta, porque el mercado laboral se rige por reglas económicas, y cuando algún producto o servicio es barato, aumenta la demanda. Si despedir es barato, es lógico que aumenten los despidos.

Pero esto es una consecuencia visible que como efecto de las reformas laborales se produce en el corto plazo. En el mediano y en el largo plazo está probado hasta el hartazgo que la leyes ni crean ni destruyen empleos, porque la demanda de trabajadores se rige por el índice de actividad económica y no por el artículo tal de la ley cual.

Si un empleador debe moverse en un mercado interno recesivo, donde la apertura de las importaciones le causa estragos, donde la presión fiscal es alta, y donde los mecanismos contra la inflación se limitan a reducir el dinero circulante, y rebajar los salarios y restar poder adquisitivo a sus habitantes, ese empleador no querrá contratar empleados ni aunque estos sean gratis.

El macrismo gobernante no ahorró ni siquiera en su campaña Partidaria los argumentos. El actual presidente MACRI en conferencias de prensa y para granjearse la simpatía de los lobys extranjeros que manejan los grupos multimedios del País, anticipó que había que bajar los costos, y que el salario era un costo.

El FMI volvió a revisar las cuentas fiscales del país este año 2016, y a mediados del mes de noviembre hizo público su informe y las llamadas recomendaciones, (infobae.com 13/11/2016), y en forma espasmódica y obediente el ministro de trabajo Jorge TRIACCA comenzó inmediatamente a denostar el sistema de convenios colectivos en Argentina.

Al mismo tiempo y con una sumisión a los intereses confesos de la UIA (Unión Industrial Argentina) que asusta, comenzó a proponer –con presencia ante el senado incluida- otra reforma a la ley de ART esgrimiendo la estúpida consigna de la industria del juicio, término acuñado por el colaboracionista de la dictadura Bernardo NEUSTADT en su programa “Tiempo Nuevo”. Hablar con estas consignas, como se aprecia claramente, no es una casualidad.

Este triste papel del señor ministro de vergonzoso mandadero de los bancos y compañías de seguros dueños de las ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo), completa la entrega del sistema de prevención de riesgos del trabajo que ya fue servido en bandeja mediante una bondadosa reforma en el año 2012, por iniciativa del kirchnerismo y con los votos del PRO hoy gobernante. Esta situación tampoco es una casualidad.

Y el mismo presidente fue más allá y detalló aludiendo al término modernización, que “eso significa sentarse en la mesa y discutir todos los convenios laborales porque estamos en el siglo XXI. No podemos seguir aplicando convenios del siglo XX”. Habría que ver qué piensa el limitado presidente de la ley de entidades financieras nº 21.526 –que permite todas las bicicletas cambiarias conocidas por los especuladores- que es del año 1976, cuya vetustez no parece molestarle.

El término modernización es una recomendación del inefable DURÁN BARBA para esta nueva batalla contra los derechos de los trabajadores, para intentar ocultar la verdadera finalidad que es la flexibilización, un término ya gastado y suficientemente conocido por todo el espectro laboral.

En síntesis la nueva reforma laboral que se quiere imponer ahora, es la cara visible de la vieja y mentada reedición de la disputa eterna entre los actores económicos que con la instauración de economías liberales vuelven a repartirse a su antojo el producto derivado de la transferencias de recursos del sector del trabajo al del capital y a la especulación financiera.

La referencia del presidente MAU al siglo XXI, aunque tenga apariencia de modernidad, atrasa, porque pretende derogar derechos adquiridos que luego de largas luchas significaron avances concretos hacia la protección del trabajo. Implicaría en síntesis volver a épocas superadas y retrotraer discusiones ganadas socialmente, pero siempre jaqueadas por intereses de clase, como los que defiende el actual gobierno conservador.

Sería el retorno a la más antigua estrategia ideada para retroalimentar la voracidad capitalista, que no reconoce ni tiempos ni límites.

(1) http://www.salta21.com/El-plan-economico-de-Macri-y-la.html

(2) Presidente de Argentina 1989-1999

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