“No tengo ni idea si fueron 9.000 o 30.000”

El controvertido fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina que favoreció con la aplicación retroactiva de la ley 24.390 (hoy derogada) al represor Luis MUIÑA, fue claramente un típico globo de ensayo político.

Bajo la mirada complaciente del poder político de turno, de neto corte liberal reaccionario, el Poder Judicial de la Nación había iniciado tiempo antes el camino de la impunidad a represores de la dictadura.

Fueron otorgados beneficios a más de cincuenta condenados por delitos de lesa humanidad consistentes en controvertidos y ágiles traslados desde las cárceles comunes a los arrestos domiciliarios, sumados a la realidad de que nadie –absolutamente nadie- controla el cumplimiento de los mismos.

En forma simultánea el Poder Ejecutivo redujo en 35% el presupuesto de la Secretaría de DD HH de la Nación, y desmanteló todos los programas de asistencia a testigos y peritos en los juicios en trámite, y se retiró como parte querellante, ralentizando las causas para evitar las condenas.

Para ello basta con recordar que en los periodos de 2012 y 2013 se dictaron ejemplares severas condenas a los imputados por esos delitos, en número de 25 por año, y en el año 2016 solamente nueve.

El acompañamiento del poder judicial influenciado en algunos casos y directamente cooptado por el poder político en otros, actúa en consonancia con los tiempos que corren.

Tiempos increíbles donde el presidente de la Nación llegó a afirmar en una entrevista –literalmente- sobre los desaparecidos: “No sé si son 9 mil o 30 mil, no tengo idea y me parece que es una discusión que no tiene sentido”.

Su campaña estuvo teñida de frases tales como “Conmigo se acabará el curro de los derechos humanos” o “tenemos que mirar para adelante, todos juntos” marcaron una impronta que los sumisos ministros de la Corte no dejaron pasar por alto.

Pero el globo de ensayo no fue una improvisación, sino algo planificado. En forma inmediata se hicieron desde el oficialismo encuestas rápidas que daban un porcentaje cercano al 80% en contra en la opinión de los ciudadanos, y por lo tanto había que rebobinar.

En esa estrategia mediática, los funcionarios como AVRUJ o GARAVANO, que al día siguiente del fallo expresaron que había que respetarlo, tuvieron que reeditar sus discursos, no por convicción sino por la aplastante reacción de la ciudadanía.

De pronto y en menos de una semana pasaron del blanco al negro, y del apoyo a la condena; de la confesión primera de una satisfacción por la Sentencia porque eso reconciliaba a los Argentinos, a la descalificación titubeante y tardía.

En ese giro radical de opinión acompañados por la prensa oficialista canalla que también ordenó a sus empleados periodistas que cambiaran el tono y las opiniones, lo único que lograron, lejos de convencer, es mostrar su infinita hipocresía.

Porque el plan político-económico-financiero del actual gobierno de derecha en Argentina, se parece casi de manera idéntica al de la dictadura militar videlista de 1976 y con los años liberales del menemismo.

Lo único que diferencia la primera fase dictatorial y el actual proceso económico financiero de claudicación y dependencia, es que desafortunadamente esta vez, se lo lleva adelante con el aval constitucional de un gobierno democrático.

Reducción del mercado interno, apertura de las importaciones, destrucción de la industria nacional, ajuste salarial por debajo de la tasa de inflación, techos paritarios –cuando se permiten paritarias-, despidos y suspensiones masivos, alto endeudamiento, bicicleta financiera y cumplimiento a rajatablas de las recetas del FMI y del Banco Mundial, son solo algunas de las reglas que se repiten.

Los dueños del poder económico concentrado de la Nación Argentina, que se escondían tras las máscaras de los uniformados que hacían el trabajo sucio para que ellos multiplicaran sus patrimonios, ahora no tienen que taparse las caras porque ejercen, además de ese poder, el de las instituciones de la República.

Y por eso hasta se atreve a retocar y perfeccionar el proceso y sus variantes, y es tenido permanentemente en cuenta por la presidencia, el inefable Domingo Felipe CAVALLO, previa y convenientemente sobreseído en la causa penal por el llamado “megacanje” otra claudicación más de los funcionaros venales de un poder judicial rastrero.

La actuación de los represores de la dictadura tuvo una finalidad muy clara y concreta, que era llevar adelante los planes de entrega del patrimonio nacional, el alto endeudamiento, la dependencia de los organismos financieros de crédito, y en definitiva la vuelta a la consolidación de la Patria Chica agro exportadora en vez de la realización de la Patria Grande integrada e industrialista.

Por qué entonces no habrían de simpatizar los actuales capitostes del oficialismo con los genocidas beneficiados con el 2 x 1, si al fin y al cabo ambos son socios en ideologías y planes de Estado.

Las elites empresarias y eclesiásticas, que luego de Marzo de 1976 cantaban loas y bendecían la misma dictadura y el orden impuesto, fueron entonces y los son hoy, los directos beneficiados de los planes en marcha.

Algún reconocimiento tenían que tener con sus predecesores en la materia, pero el intento se volvió en su contra y tuvieron que volver sobre sus falsos pasos, y fingir que están en contra de la decisión de la Corte, cuando en su intimidad hubieran querido tener la oportunidad de aplaudir a rabiar.

El dictado de la apresurada ley que declara no aplicable el 2 x 1 a los genocidas, es un mero mensaje político que enmascara la realidad, ya que en los hechos será casi inaplicable jurídicamente.

Eso sí, alineará vergonzosamente a los jueces sumisos, que entendiendo rápidamente el mensaje acomodarán los argumentos en sentido contrario al de la Corte.

Pero no hay que ser ingenuos. Este no es el final de la lucha. La coalición gobernante, directamente monitoreada por la embajada norteamericana en sus marchas y contramarchas, arremeterá más temprano que tarde por otras aristas para conseguir sus fines.