Macri se inventó una 125 para pagar el fallo de la Corte por tarifas

El gobierno de Mauricio Macri tuvo que apelar a una Resolución 125 tal como la que se inventaron los Kirchner en 2008 para que la soja pagara la pérdida de los superávits gemelos, en aquel momento, y el subsidio que ahora pensaban transferirle a los usuarios domiciliarios y la Corte hizo retroceder.

Una diferencia no menor es que la cotización internacional de los commodities actualmente está a mitad de camino de lo que era hace 8 años. La cuenta va por el lado de que la postergación de la prometida rebaja de 5 puntos para las retenciones de la soja liberan unos $ 16.000 millones, que cubren gran parte de la marcha atrás tarifaria.

El resto, como amenazara Prat Gay cuando la Corte no se había expedido, saldrá de las partidas previstas para obra pública, que sigue demorada. La caída de la actividad económica que abarcó la primera mitad del año constituyó un boomerang para la recaudación, que creció 10,5 puntos menos que la inflación, sobre todo porque faltaban las retenciones eliminadas, se cobró mucho menos de ganancias al haberse subido el mínimo no imponible y se desmoronó el IVA por los ajustes practicados en las economías hogareñas. O sea que la caja de la Tesorería no ayudó mucho a tapar el agujero presupuestario por los subsidios que no pudieron suprimirse. Todo este desarrollo puede verse en un informe publicado por PwC en la nueva edición de GPS Economics.

Alfonso Prat-Gay lo había dicho: el costo fiscal del fallo de la Corte que retrotrajo las tarifas al día antes del facturazo saldría de las propias erogaciones presupuestadas. En el Congreso, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, lo cuantificó en $30.000 millones, aunque cálculos más finos lo hacen bajar a $20.000 millones a condición de que la nueva escala rija efectivamente en octubre.

Así fue como surgió una emulación macrista de la resolución 125, no tanto por la mecánica de aplicación de la retención móvil a la exportación de soja inventado por el ex ministro K, Martín Lousteau, que desató la furia del campo, sino por patear para el año que viene la rebaja de 5 puntos en el tributo que se descuenta a las ventas externas de la oleaginosa, actualmente del 30%, que prometiera el presidente Mauricio Macri al asumir en diciembre de 2015 y reducirlo del 35% en que lo dejara su antecesora Cristina Kirchner. En esa oportunidad, también eliminó los derechos de exportación para varios productos, como el maíz, el trigo, el girasol y la carne, entre otros.

La Bolsa de Comercio de Rosario calculó en $ 16.000 millones lo que le cuesta al fisco bajar otro 5% las retenciones a la soja, que ahora pasó para 2017, con lo cual en este ejercicio el monto “ahorrado” compensará en gran parte lo que dejaron de pagar en estos meses los usuarios de gas.

La retención que el gobierno decidió no bajar representa el 0,7% del total de la recaudación para 2016. "En dólares, equivale a cerca de US$ 1.076 millones, aplicando un tipo de cambio 1 dólar= 15,5 pesos", estimó el informe de la Bolsa rosarina para la que el costo fiscal significaría el 1,6% de la recaudación conjunta prevista para 2016 de los dos principales impuestos nacionales, IVA y Ganancias, cuya percepción conjunta para este año se estimó en $ 1.975.000 millones. En 2017 estos números cambiarán con las modificaciones que se analizan para ambos.

Aunque aplicando las propiedades distributivas de las matemáticas, si un porcentaje importante del tarifazo va al precio del gas en boca de pozo, que supera en un 80% al valor internacional para incentivar a las petroleras a que hagan las inversiones para extraerlo de Vaca Muerta (más del 70% de las reservas son de gas shale), y que una porción del subsidio que cubrirá la diferencia que ahora no les toca pagar a los consumidores en la factura saldrá de la baja en la retención omitida este año, por carácter transitivo los sojeros transferirán esa parte de la renta que contaban a las petroleras que operan el megayacimiento gasífero.

Sobre llovido mojado, los productores agrícolas no sólo seguirán con la misma carga fiscal del año pasado, sino que en esta campaña arrancan con los bushels en franco retroceso y sin demasiadas alternativas, porque afecta tanto a la soja, como al trigo y el maíz.

La recesión como impuesto

Las cuentas que maneja el fisco para lo que va del año tampoco daban como para tirar manteca al techo. La desaceleración de la economía se hizo sentir en la recaudación a julio dada a conocer por la AFIP, que volvió a crecer por debajo de la inflación, lo cual dificulta la concreción de las metas fiscales fijadas por el gobierno al inicio del año.

Según el reporte de PwC Argentina, desarrollado en "Economic GPS", en los primeros 7 meses del año la recaudación alcanzó la suma de $ 1.111.062 millones, lo que implica un alza del 28,1% interanual para el período enero-julio, que se sitúa 10,5 puntos debajo de la inflación promedio (39,6%). Sólo aquellos tributos ligados a las actividades de importación subieron por encima de la inflación del período (Ganancias aduanero, +71%; IVA aduanero, +55,3%; derechos de importación y tasa estadística, +64%); los tres sólo representan el 14% de la recaudación total.

En el caso del IVA, el impuesto que más aporta a la recaudación total, en estos 7 meses creció 37,5% siendo 2,1 puntos porcentuales inferior a la inflación del período. Detrás de este guarismo, subyace, por un lado, que la variación del IVA impositivo fue de sólo 29,1%, como consecuencia principalmente de la caída del consumo que se ha dado desde el inicio del año. Se corrobora tanto las cifras de ventas minoristas publicadas por la CAME como en los indicadores de ventas de supermercados y shoppings difundidas por el INDEC, señala el informe.

Pese a haber sido negativa la variación interanual, en julio la caída de las ventas minoristas mostró signos de desaceleración, situación que se asemeja a lo ocurrido en 2014, cuando desde agosto las caídas comenzaron a reducirse hasta volver a crecer en diciembre.

Por otra parte, el IVA aduanero creció 55,3% en los primeros 7 meses del año, consecuencia del desempeño de las importaciones y del aumento del tipo de cambio nominal a partir de finales de diciembre. O sea, superó a la inflación.

El avance de las contribuciones a la seguridad social fue del 32,8% a julio, lo cual refleja directamente la evolución del empleo formal de la economía. Su crecimiento por debajo de la inflación puede explicarse por la caída neta de empleo que, de acuerdo con información difundida por el Ministerio de Trabajo, en el promedio de los primeros 5 meses del año (respecto de idéntico período de 2015) se habrían perdido en el sector privado 6.700 empleos. Tomando desde diciembre 2015 a julio 2016, la pérdida neta alcanza los 107 mil empleos.

El tercer recurso de relevancia es el impuesto a las ganancias, que con un monto total de $248.175 millones muestra la menor tasa de crecimiento de todos los tributos, con tan sólo un 15,6%, reflejo, en parte, de las medidas adoptadas a partir de marzo que incrementaron la base no imponible para los contribuyentes de la cuarta categoría; así como también la reducción de anticipos que muchas empresas comenzaron a realizar ante el aumento de los resultados negativos por diferencias de cambio (fruto de la devaluación) y menores expectativas de ganancias.

Comercio exterior

Por el lado de las exportaciones, los ingresos por retenciones mostraron una caída interanual del 5,1%, lo cual se explica en el hecho de que las exportaciones del complejo asociado al sector agrícola comenzaron a ralentizarse al haber finalizado la liquidación excedente de la cosecha anterior (que estaba guardada a la espera del cambio de condiciones económicas) y debido al impacto de la quita generalizada de retenciones a los diferentes productos, excepto los relacionados con la soja.

Los ingresos por retenciones, que supieron representar más del 10% de la recaudación total en años pasados, las eliminaciones y reducción que rige en lo que va de éste los hicieron descender el 4,3%, contrario sensu de los derechos a la importación y tasa estadística, por el contrario, mostraron un aumento del 64% y alcanzaron los $31.363,8 millones.

Fue la consecuencia de la quita de las restricciones para importar, que aumentó las cantidades, sumado a que estos derechos se calculan sobre el precio en dólares y con un tipo de cambio más depreciado que el año anterior, estos recursos relacionados con las importaciones crecieron fuertemente en moneda local, según PwC.

Los datos de recaudación se completan con el impuesto al cheque, que recaudó $ 72.151 millones, +36%, impuestos a los combustibles que sumaron $ 39.112 millones, +23%, y los restantes (cuya participación es del 4%) avanzaron 33,5%.

Advierte el trabajo publicado por la consultora que la merma de los ingresos tributarios abre un interrogante sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas, en un contexto donde los gastos no se han visto reducidos.

De acuerdo con la información provista por el sitio del Ciudadano de la Secretaría de Hacienda, en el acumulado al 31 de julio, los ingresos totales de la Administración Pública Nacional alcanzaron los $ 772.204 millones, mientras que los gastos devengados sumaron $ 969.596 millones, dando como resultado un déficit fiscal de $197.392 millones.

La ejecución de los gastos para los primeros 7 meses del año alcanza el 59%, aunque con diferencias importantes entre sus componentes.

Así, el gasto corriente se encuentra ejecutado en un 61%, mientras que los gastos de capital tan sólo llegan al 38%, que subirá a medida que se active la obra pública y se aceleren las erogaciones por las nuevas adjudicaciones.

Precisamente, si bien habrá un ahorro por no ser aplicada este año la baja del 5% prometida por el Presidente a las retenciones de soja, persiste la incertidumbre sobre cómo se cubrirá lo que falta de los aumentos tarifarios para los usuarios residenciales dejados en stand by por decisión judicial que aliviarían la cuenta de subsidios.

Al 31 de julio, las transferencias de carácter corriente al sector de energía, combustible y minería suman $ 80.984 millones, mientras que al sector del transporte alcanzan los $ 36.225 millones.

A ello deben sumarse otros $ 12.000 millones girados luego de conocido el fallo de la Corte.

Concluye el informe de PwC que ante la dinámica mostrada por las cuentas fiscales el objetivo de alcanzar un déficit primario de 4,8% del PIB luce poco probable y podría alcanzar el 5,6%, lo que implica necesidades adicionales a las previstas en la presentación del programa fiscal de hasta $80.000 millones (unos US$ 5.300 millones al tipo de cambio actual).

Indica el reporte que la moratoria fiscal y el blanqueo podrían cubrir buena parte de esta diferencia en la medida en que sea exitoso, lo cual le evitaría al gobierno tener que salir a colocar montos adicionales de deuda, que a la fecha acumula US$19.250 millones.

- Urgente 24

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