La reciente resolución 100/10 emitida por el oficialismo el día jueves 19 de agosto afectó a una buena parte de la sociedad que la integran consumidores y usuarios del servicio de internet FIBERTEL.
Por dicha resolución, el Gobierno canceló a la empresa CABLEVISIÓN la licencia para seguir proveyendo del servicio de internet bajo la marca FIBERTEL. La resolución 100/10 declara la caducidad de los servicios de de trasmisión de datos y telecomunicaciones otorgados a la empresa FIBERTEL que fueron cedidos sin autorización de la Secretaria de Comunicaciones a CABLEVISIÓN luego de la absorción societaria por parte de la última.
Según los fundamentos de la normativa 100/10 expresa que FIBERTEL utilizaba de manera unilateral sin autorización y violando las normas legales, cuestionándose la fusión que ambas empresas habían efectuado y que no había sido dicha operación autorizada por el Estado Federal.
Debemos recordar que cuando hacemos referencia a la fusión cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse y transmitir sus patrimonios a titulo universal a una sociedad nueva que constituyen. El efecto jurídico de la fusión es que los socios de todas las sociedades involucradas serán socios de la nueva sociedad o de la nueva sociedad absorvente.
Esto sin lugar a dudas es una dura pulseada del oficialismo y Clarín en donde se ponen en juego los poderes de ambas partes que detrás de esta pelea están los consumidores y usuarios del servicio, siendo quienes paguen las consecuencias económicas y sociales.
La decisión afecta a más de un millón de clientes a los cuales la Secretaria de Comunicaciones dio 90 días para que busquen otra empresa que les provea el servicio; ello nos lleva a plantearnos un interrogante si es justo que los usuarios del servicio de FIBERTEL se encuentren obligados de cambiar de empresa cuando en realidad estarían conformes con la provisión del mismo.
Ello genera una situación de inseguridad jurídica de los usuarios de FIBERTEL más allá que al propia empresa asegura la continuidad de la provisión del servicio; Por su parte, la Red Argentina de Consumidores recomendó a los usuarios esperar un tiempo considerable antes de tomar cualquier decisión. Los consumidores y usuarios estarán 90 días esperando que sucederá con el servicio, teniendo en cuenta la batalla legal que genera la resolución 100/10 ya que CABLEVISIÓN recurrirá tanto a la sede administrativa como a la justicia civil y penal defendiendo sus derechos y el de sus usuarios e impugnando la decisión ilegal y arbitraria calificada por la empresa.
Debemos tener en cuenta los intereses económicos de los consumidores y usuarios contemplados ya como derechos en las directrices de las Naciones Unidas desde 1985 y por los Tratados Internacionales y la misma Constitución Nacional generándose una situación de inestabilidad y de inseguridad jurídica para los mismos.
La puja política entre el grupo Clarín y Cablevisión generará resoluciones y contradicciones en el marco legal y que tal vez el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia, lo cual no escapa que alguna de las dos partes será la vencida en el presente conflicto.
La autora de la nota es Jefa de Trabajos Prácticos de las cátedras Análisis Económico y Financiero y de Elementos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Buenos Aires – Facultad de Derecho.
