Días pasados, el gobierno provincial a través del Ministerio de Seguridad y con su Ministro –candidato y demás autoridades públicas incluido el Juez Martín Pérez, distinguieron a policías por su actuación procedimental e investigativa, en el caso del doble crimen de la Quebrada de San Lorenzo.
Si hay que premiar o felicitar a funcionarios policiales que sólo cumplieron con su deber, está bien que el gobernador Urtubey lo haga a modo de estímulo y reconocimiento. Pero si se hace una lectura crítica de la cuestión, la génesis de todo esto tendría otros ribetes y propósitos de un color meramente político – electoral de muy bajo nivel y dudosa credibilidad en la opinión pública local. La idea, era mostrar criterios y stándares de seguridad y eficiencia oficial en investigaciones criminales, para que se proyecten fuera de la provincia, máxime cuando se conoce que la Justicia francesa tiene caratulada en su país, al asesinato de las dos turistas extranjeras como Secuestro y Violación seguida de Muerte.
De esta forma y no de otra, se interpreta esta puesta en escena que el oficialismo provincial, lleno de ínfulas y petulancia por el 60% del resultado electoral del 14 de agosto de 2.011, sólo producto de la acción rasante del Huracán Cristina en Salta, supone erróneamente que puede subestimar e ignorar la inteligencia del imaginario colectivo de este terruño, cuando de los tantos crímenes irresueltos en la provincia, fuera el primero que tuviera trascendencia nacional e internacional y que todavía no concluyera.
Si a esto le sumamos, el temible flagelo que opera en el noroeste del país de varias redes celulares del Crimen Organizado, conocido como Trata de Personas desde que visibilizaron su modus operandi por lo menos desde unos 10 a 12 años atrás. Los casos resonantes de desapariciones de gran notoriedad pública la gente los conoce, no así el desbaratamiento e identificación de bandas completas del crimen, tanto de fuera como dentro de la Argentina.
Es como retroceder a los años del Proceso, donde casi siempre, los familiares de las víctimas sabían de donde venía el secuestro y la tortura. Sin embargo hoy, el Estado nacional o provincial carece de respuestas claras y contundentes en resguardo de la libertad y seguridad de los ciudadanos. Todo sigue siendo una nebulosa inentendible e inalcanzable para el común en la serie de las más diversas índoles de acciones delictivas de todo peso y calibre.
Todos estamos expuestos, y a cualquiera le puede pasar y en cualquier momento, dicen muchos. Ya en la década del 60”un Premio Nobel de la Paz sostenía que “la injusticia en cualquier lugar, es una amenaza en todos lados”. Y al parecer, de eso se trata, de una AMENAZA LATENTE para jóvenes, adultos y niños de Salta y el resto de la Argentina. Ahora bien, si nos trasladamos a este Valle de Salta, refugio de una sociedad conservadora decadente y pergaminos decoloridos y en desuso, una buena parte de sus representantes de “clase”, todavía manejan e influyen en los resortes del poder real y político. Así, llegamos a una vieja y más que centenaria organización civil denominada Policía de Salta.
Esta fuerza pretoriana y sujeta a los vaivenes políticos de todas las épocas, se quedó en el tiempo desde la gobernación de Roberto Romero, primer mandatario constitucional luego del nefasto Proceso de Reorganización Nacional de Videla y compañía. ¿Por qué razón? Su propia Ley Orgánica Policial que se sancionó y nunca se reglamentó desde hace unos 28 años por mezquinas conveniencias políticas. Eso, como en los años de plomo, la siguió haciendo autónoma y legisferante de su propia reglamentación interna, arbitraria e inconstitucional que aún hasta hoy aplica.
Uno de los consabidos institutos que impone es el conocido como ARRESTO a su propio Personal, que no es otra cosa que una extensión horaria de trabajo sin compensación económica, el que traducido no es más que una reducción a servidumbre, figura tipificada en el Código Penal, donde es responsable material el propio Estado provincial.
Pero hay una práctica policial más grave y que no se erradica para siempre, es aquella con el abierto consentimiento omisivo y sancionable de jueces, ministro y secretario de Seguridad, lo constituyen hechos de Apremios Ilegales cometidos en intramuros de sede policial, una repartición pública provincial sobre personas privadas de su libertad ambulatoria. El artículo 144 bis en su inciso 2do. dice “Al funcionario que desempeñando un acto de servicio, cometiera VEJACIÓN contra esas personas o les aplicare apremios ilegales"… Vejación quiere decir maltrato, persecución, hacer padecer dolor físico o psicológico.
La etimología de APREMIAR significa someter, apretar u obligar a una persona a realizar una determinada acción en contra de su voluntad (confesiones bajo coacción agravada), siendo ello siempre ilegal e inconstitucional. El propio artículo 18 de la Constitución Nacional dispone que NADIE puede ser obligado a declarar contra sí mismo.
En esto hay que destacar, que el combate con el delito por el Estado no se lo hace a costa de generar otra figura penal punible, aunque en las malas praxis tribunalicias, casi siempre recurren a tomar en cuenta legislaciones procesales que dicen SOSPECHA RAZONABLE, INDICIOS VEHEMENTES, etc. que lo hacen parecer como motivos fundados para avalar el uso y costumbre de detenciones con apremios ilegales, reñidos con la legislación penal positiva en nuestro país.
Hay que recordar que el Estado cuenta siempre con los medios necesarios para esclarecer DELITOS sin necesidad de incurrir en ninguna ILICITUD de índole alguna, muchos menos los Apremios Ilegales sobre ciudadanos, el que repugna la conciencia humana por el abuso de poder y autoridad, y sobre todo como un canallesco acto de cobardía.
Luther King dijo alguna vez: "NUESTRA GENERACIÓN NO SE HABRÁ LAMENTADO TANTO DE LOS CRÍMENES DE LAS PERSONAS, COMO EL ESTREMECEDOR SILENCIO DE LOS BONDADOSOS”. El que escribe agregaría: Y DE LOS CÓMPLICES POR OMISIÓN.
Así estamos hoy en el Valle de Lerma.
El autor es Periodista (De la Asoc.de Periodistas de Salta) - Columnista Político
