El 9 de marzo de 1977 Jorge R. Videla, presidente de facto y, hoy penado común, sancionaba y promulgaba la Ley 21526 de Bancos y Entidades Financieras, “en uso de las facultades otorgadas por el art. 5to. del Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional”.
Han transcurrido 33 años sin que gobiernos constitucionales posteriores derogaren esta ley del proceso militar más sangriento conocido en el país. Curiosamente, la 21526 fue puesta en vigencia 9 meses después del Golpe de Marzo de 1976.
Indudablemente en la legislación positiva de la Argentina contemporánea, no se ha ideado ni previsto todavía, suprimir la aplicación de una normativa jurídica tan vital y estratégica para los intereses de la Nación y sus ciudadanos. Hasta aquí, parece haber defeccionado palmariamente los contenidos del DERECHO y JURISPRUDENCIA argentina imperante en la materia. Otros dirán que fue por conveniencias “políticas “ de coyuntura. Así pasó que en l994, durante la Administración de la Rata Riojana, se emitiera el Decreto 146/94 para reformar parcialmente la ley 21526 y posibilitar el acceso del Negocio financiero de los socios y amigos del menemato. Por entonces, ya se había concebido erradicar la Banca Pública del País. Un ejemplo salteño? En 1996 la desaparición y “venta” del Ex Banco Provincial de Salta al Banco MACRO de Jorge Brito.
Pero hay una señal, débil pero señal al fin. Desde el 12 de julio de 2010 por disposición del B.C.R.A. se eliminará de la Cuenta Sueldos toda comisión y gasto que sufragaban los más de 7 millones de trabajadores públicos del país, y que representaban para los bancos (la mayoría extranjeros) la escandalosa friolera de un negocio bancario con COSTO CERO y SIN RIESGO económico de más de ciento cincuenta millones de dólares al año. Por una vez y, sin hacer demagogia y populismo, se la quitará a los bancos uno de los tantos negocios financieros en beneficio directo del Trabajador del Estado.
Si dibujáramos hipotéticamente cuánto recaudaría el BANCO MACRO por la cuenta SUELDOS, como agente financiero de la provincia de Salta, sobre un universo de cuarenta mil empleados públicos, reteniendo una módica comisión de 4 pesos a cada uno, percibiría unos 160.000 al mes, significando cerca de 1.920.000 anuales, equivalentes a casi medio millón de dólares al cambio actual. No quiera saber Ud. lector, que con esta generosa suma, alcanzan para abonar sueldos de 3.000 pesos mensuales promedio a 640 empleados.
Las conclusiones más escabrosas corren por su cuenta. Quién sostiene al sistema?
Si nos animamos a hacer una proyección política a futuro, estamos a un poco más de un año del 2011, tiempo electoral en toda la Argentina: estaremos en la antesala de una REFORMA FINANCIERA en ciernes por razones políticas-electorales. Nada se puede descartar. El kirschnerismo quiere otro mandato presidencial el año que viene. ¿Quién lo duda?
El autor es Columnista Político - Periodista

