El fallo de La Haya marca un fin y un comienzo de las relaciones entre Argentina y Uruguay que obedece a dos razones de peso: la primera por el hecho de reconocer los jueces que emitieron la resolución judicial de la plena violación del país vecino sobre el Tratado celebrado con nuestro país en el año 1975 cuyo fin era asegurar la calidad de las aguas de un río compartido y la segunda sería los costos ambientales que debieron soportar los habitantes del lugar colocando en pleno riesgo la vida humana de toda una población.
Dichas violaciones fueron sucesivas como ocurrió en el año 2005 cuando se autorizó la realización de una planta proyectada por la empresa Botnia; es así como las idas y venidas de Argentina en el conflicto por las papeleras generaron dilataciones y tiempo perdido originando una controversia cada vez más difícil de resolver y cuyo final inesperado.
Es así como el pasado 20 de abril, la CIJ (Corte Internacional de Justicia) advirtió sobre los incumplimientos de las normas procesales de Uruguay previstas en los artículos 7 a 12 del Estatuto que prevén la obligación de realizar consultas previas a dar la autorización para que la planta se instalara y desestimó todas las otras demandas presentadas.
Una de las faltas cometidas por Uruguay fue la de negar la información necesaria que tiene relación con el cuidado del medio ambiente; pero frente al elocuente fallo emitido por la CIJ ahora se avecina una nueva instalación de papelera cerca del Río de la Plata, siendo las inversiones extranjeras producto de la fusión de la sueco-finlandesa Stora Enso y la chilena Arauco que obtuvieron los activos de ENCE en Colonia.
Los pobladores de Gualeguaychu se sienten desesperanzados frente a este nuevo peligro perdiendo quizás todo valor la resolución de la Corte de La Haya, no desestimándose nuevos enfrentamientos pero con la mera diferencia de reconocer los derechos internacionales de Argentina plasmado en el Tratado de 1975 reconocido por 13 jueces de los 14 que integran dicho organismo internacional.
Esperemos que las relaciones de Argentina y Uruguay sean a partir del fallo de la CIJ se construya sobre el diálogo y la paz, imperando la justicia y la verdad entre ambos pueblos latinoamericanos, abrogando la reducción de costos económicos y sociales de los mismos.
La autora es Columnista de Salta 21; es Jefa de Trabajos Prácticos de las cátedras Análisis Económico y Financiero y de Elementos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Buenos Aires – Facultad de Derecho. Master en Derecho y Economía (tesis en preparación) – Universidad de Buenos Aires – Facultad de Derecho.
