El escandaloso vacío de una ignorancia terminal en Argentina y Sudamérica (1600-2000)

En Argentina se gestó un burocratismo nomenklado vaciado de ética y de ideología, y sin sustento social alguno, que con la Reforma del Estado (1989), el Pacto de Olivos (1994), y la instalación de nuevos aparatos burocráticos (Agencia, CONEAU, Secretaría de Políticas Universitarias o SPU) terminó por despojar a las universidades públicas y a sus elites laicas de todo aparato científico volviendo sus autonomías un espejismo fantasmal.

Al tener las relaciones de poder político, social, religioso y mediático una muy estrecha relación con el desarrollo del conocimiento entendemos que las deformaciones y corrupciones del aparato cultural donde se albergan los productores de los discursos dominantes (educación, periodismo, justicia, iglesia, teatro), de la misma forma que para combatir en el pasado la ignorancia —se dieron políticas estamentalizadoras, aristocratizantes y democratizadoras del conocimiento— hoy se impone una sana globalización de las mismas si no se quiere quedar al margen del mundo conocido.

En ese desarrollo del conocimiento y sus vinculaciones y concesiones con los diversos poderes, y con el conocimiento socialmente distribuido (Innerarity, 2010) tuvieron lugar también transiciones o pasajes de los saberes que en su largo devenir se sucedieron como hegemónicos: del mito a la teología, de la teología a la filosofía, de la religión a la ciencia, y de la filosofía a las ciencias sociales y las humanidades, así como los íntimos vínculos entre teología, filosofía y política, tenidos como motor de la historia (Scattola, 2008).

Esas vinculaciones y pasajes, aunque con ritmos y velocidades muy distintas, existieron siempre en la historia de la humanidad y han dado lugar recientemente a lo que Boaventura de Sousa Santos (1989, 2000) denominó “doble ruptura epistemológica”. Es por esas rupturas que la formulación del interrogante adquiere una singularidad más relevante que las respuestas que se puedan brindar.

Para el origen de la primera ruptura epistemológica de la ciencia moderna, esos vínculos fueron indagados primero por Thomas Kuhn, luego por Shapin y Schaffer, y últimamente por Jonathan I. Israel. Y para su comprobación, estos autores acudieron a las controversias intelectuales que se dieron en esa época, las que enfrentaron en la modernidad temprana, hace más de tres siglos,a los filósofos Hobbes y Spinoza con el químico Robert Boyle, ocurridas en medio del progresivo abandono de la censura y la inquisición eclesiástica, de la fundación del absolutismo político europeo (Westfalia), y de la creación de la ciencia experimental moderna (Shapin y Schaffer, El Leviatán y la bomba de vacío, 2005; e Israel, La Ilustración Radical, 2012).

En esa particular controversia, Hobbes demostró que la alianza del empirismo inglés, específicamente del método experimental de Boyle, con la aséptica comunidad de científicos de la Royal Society de Londres no era suficiente para resolver el problema del orden social, pues los intelectuales que mediante una amnesia falaz habían abdicado indagar las causas y fines últimos de los fenómenos históricos estaban en realidad contribuyendo al creciente desorden social.

Dicho desorden se encontraba en Inglaterra marcado —a mediados del siglo XVII —por una sangrienta guerra civil, que a su vez se extendió a los confines de Europa con sendas rebeliones de las noblezas portuguesa y catalana contra la dominación habsburgo-papista española. Y desde entonces el propio Portugal con la nueva dinastía de los Braganza había fomentado en su colonia sudamericana un complejo expansionismo territorial y una crítica exploración geográfica (mechada con el apogeo del apostolado misionero jesuítico), que abarcó incluso al Río de la Plata con la fundación de Colonia del Sacramento, y con el impacto que la partición continental tuvo sobre su vecina Buenos Aires, y sobre la jurisdicción del único virreinato existente en ese entonces en Sudamérica, el virreinato peruano; y que se convirtió, a fines del siglo XIX, en el gran precedente histórico de la partición de África entre las grandes potencias, gestado por el canciller Bismark en el Congreso de Berlín de 1884.

En la modernidad temprana, la política entró a pensarse como independiente de la teología, de la misma manera que en la antigüedad remota la teología lo había sido de la mitología. Más apropiadamente, para el filósofo alemán Hans Blumenberg, en ese entonces la política se emancipó de la hipoteca mítica. Pero en la modernidad tardía, al pensar aquel mismo vínculo desde una óptica puramente teológica (Peterson, Metz, Moltmann), la vanguardia político-religiosa se debió interpretar como una reacción al creciente proceso de secularización impulsado por las elites aristocráticas positivistas (Scattola, 2008, 171, 203).

En los casos sudamericano y argentino, corroborando la tesis de Shapin y Schaffer, y con el objetivo de extender el diseño del régimen político a la organización del conocimiento –y sin que estos diseños organizativos (estamentalización, aristocratización, democratización y globalización) tuvieren nada que ver con el control político o sectario del conocimiento ni con la naturaleza del mecanismo electoral (capitular, republicano, democrático o global)— observamos la ineludible necesidad de incluir en dichos diseños el estudio de los estratégicos y complementarios roles que desempeñaron otras organizaciones políticas, auxiliares del conocimiento, tales como el clero, la justicia y el periodismo.

En ese sentido, el oscurantismo y la red de aplastante ignorancia gestada por la estructura intelectual y burocrática del alto clero católico estuvieron en el pasado estrechamente ligados con regímenes de dominación simbólica y sometimiento intelectual (estamentos, mandarinatos, nomenklaturas). De estos sometimientos, se fue tomando conciencia muy lentamente, en una larga periodización de media docena de etapas históricas: a) en los siglos XVI y XVII cuando la dinastía habsburga introdujo en sus estamentos colonizadores el renacimiento jesuítico barroco, luego de haber sometido a las civilizaciones autóctonas; b) en el siglo XVIII, cuando la dinastía borbónica introdujo el enciclopedismo Iluminista luego de haber expulsado a los jesuitas; c) en el siglo XIX, cuando las elites revolucionarias fundaron las universidades públicas e introdujeron en las elites laicas las logias masónicas luego de haber expulsado del poder a los gachupines y chapetones (peninsulares ibéricos); d) en las décadas del 70 y 80 del siglo XIX, cuando el mandarinato aristocrático se resistió a la presencia en las universidades públicas de los científicos alemanes, y más tarde cuando condicionaron la vigencia de la Ley Avellaneda y su respeto irrestricto por la autonomía universitaria; e) cuando a comienzos del siglo XX, se tomó conciencia de un sometimiento intelectual semejante, pues la elite académica del nacionalismo católico se opuso tenazmente a la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918; y participó en todos los golpes de estado en conjunción con el alto clero, promoviendo en el país la violación de la autonomía universitaria y la congelación de la educación laica, gratuita y obligatoria, personificada en el Consejo Nacional de Educación (Ley 1420); y f) cuando a comienzos del siglo XXI, se tomó conciencia de la abrumadora irrupción de la globalización mundial y de la paralela corrupción de los populismos vernáculos.

Para formular los sucesivos diseños del conocimiento (estamental, aristocrático, democrático y globalizante) que nos ayuden a explicitar el objetivo final de este escrito estudiamos los periodos colonial, nacional y contemporáneo en toda su amplitud histórica, entendiendo que es imprescindible elaborar una perspectiva de larga duración que contemple todas las rupturas y continuidades que existieron en ese pasado. Un balance de las mismas permitirá vislumbrar cuales son las cirugías y las reformas que en la instancia presente son necesarias para mitigar el estado de coma terminal y que se imponen con más necesidad y urgencia.

En los comienzos más lejanos de este drama, aún bajo la dominación habsburga (1500-1700), el conocimiento teológico vino a intentar desplazar —en el seno de la intelectualidad autóctona—la mitología indígena. Y en consonancia con la colonización portuguesa, la Compañía de Jesús y su estamento religioso barroco misionó el interior de los territorios americanos fundando bibliotecas, colegios-universitarios (Colegio de Monserrat, Ouro Preto) y archivos de partituras musicales (Moxos, Audiencia de Charcas). A posteriori, bajo la dominación borbónica (1700-1810) y la Ilustración hispánica (Feijoo, Campomanes, Floridablanca, Jovellanos), y con la resistencia estamental del alto clero y de una religiosidad papista acosada por la expulsión de los Jesuitas, la re-colonización borbónica se encontró urgida por la apremiante necesidad de clausurar la prensa crítica (El Telégrafo Mercantil, El Seminario de Agricultura), censurar el teatro revolucionario, debilitar los cargos judiciales en los cabildos (subastándolos y periodizándolos en forma anual), y fundar colegios carolingios (Real Colegio de San Carlos) con contenidos absolutistas, que fueron la simiente donde se educó (con su alma mater Juan Baltasar Maziel) la que luego devino elite patriótica de la independencia, que fue el precedente histórico de la aristocracia laica y republicana.

Con la formación de los estados-naciones, el alto clero sudamericano se resistió a una multitud de reformas, entre las cuales se destacan la Reforma Eclesiástica que vino a secularizar los espacios sagrados (canonjías, capellanías, cementerios y conventos); la abolición de los cabildos seculares, paradigma del régimen patrimonialista colonial; y la fundación y secularización de las universidades públicas, que aunque aristocráticas en su composición y origen, vinieron a dar vida a nuevas profesiones como la abogacía y la judicatura vitalicia, a nuevas instituciones de salud (hospitales), y a nuevas disciplinas científicas como la jurisprudencia, la medicina, la cirugía y la psiquiatría modernas, emancipadas del paradigma teológico y escolástico y orientadas intelectualmente por el enciclopedismo ilustrado y las logias masónicas.

Posteriormente, en la década del 70 del siglo XIX, durante la presidencia de Sarmiento, desplazado del poder el régimen contra-revolucionario Rosista (1830-1852), el alto clero y el mandarinato aristocrático de juristas y médicos se resistieron a la penetración del modelo Humboldtiano alemán y al pensamiento positivista en el campo de las ciencias naturales (astronomía, geología, zoología, botánica). Y una vez planteada la Ley Avellaneda (1886), dicho mandarinato se resistió a ceder el control de las unidades académicas a los claustros docentes, reservando el poder de los mismos a las Academias, núcleos centrales de la universidad aristocrática, cuyos integrantes eran designados en forma directa y exclusiva por el Poder Ejecutivo.

Ese rutinario y residual espíritu de antiguo régimen anclado en el alto clero (corporativo, patrimonialista y patriarcal) y en una prensa escrita aristocrática se perpetuó en el tiempo, y a comienzos del siglo XX, en medio de la primera conflagración mundial, infructuosamente se resistió al embate insurreccional de la juventud universitaria de Córdoba inspirada en las revoluciones Mexicana y Rusa, que impuso finalmente la denominada Reforma Universitaria de 1918, con cuya prédica pacifista, ecuménica y democratizadora, la defensa militante de la ciencia y la educación superior se extendió por toda la América Latina. Fue esta crítica prédica, la que tomando distancia del positivismo y del social-darwinismo dio lugar a la segunda ruptura epistemológica, expresada en innovadoras carreras y especialidades disciplinarias como la ingeniería, la arquitectura, la arqueología, las ciencias exactas (química, biología celular), las ciencias sociales (economía, antropología), el arte surrealista, la ópera wagneriana, y las humanidades (psicología, geografía, crítica literaria), que entraron a pensarse independientemente de esquemas filosóficos y universalistas de especulación histórica (Comte, Toynbee).

Nuevamente, en la segunda posguerra, cuando aún no habían colapsado los campos de concentración del III Reich, el alto clero argentino acompañado por una elite intelectual “nacionalista” alentó en las universidades públicas las maniobras intervencionistas del generalato golpista, partidario del Eje nazi-fascista en la guerra, logrando gestar con ello la etapa más oscurantista de su historia cultural, que no cesó hasta monopolizar los medios radiofónicos, censurar la letra de tangos y milongas, y sustituir la primacía de la educación por un desenfrenado culto al deporte físico, la idealización de vedettes mediáticas en el futbol y el box, y por un chauvinismo xenofóbico en la música y el arte.

Más tarde, desplazado el régimen peronista en 1955 y recuperada la autonomía universitaria, la comunidad académica liderada por el Premio Nobel Bernardo Houssay, con la excusa de la imposibilidad de garantizar el conocimiento científico dentro de los cánones colegiados del cogobierno tripartito propio de la Reforma Universitaria, inauguró un dispositivo institucional alternativo denominado CONICET, formado a semejanza del modelo Humboldtiano, que excluyó a las universidades públicas de la selección y reclutamiento de los investigadores, y dio lugar a disciplinas como la sociología, las ciencias de la educación y la ciencia política, emancipadas del paradigma funcionalista parsoniano, y a otras profesiones y saberes artísticos como el psicoanálisis lacaniano y la cinematografía neorrealista. Pero por estar sometido al Poder Ejecutivo, el CONICET fue decayendo en forma progresiva, hasta fatigar desde hace un par de décadas un grotesco simulacro de democratismo interno que ha devenido en un fraude electoral institucionalizado (Decreto 1661/96).

Prolongando las turbulencias inauguradas por la caída del populismo Peronista, el alto clero católico, en medio de la Guerra Fría, desató el conflicto estudiantil de “la Laica y la Libre” (1959), donde la universidad pública y la elite laica perdieron el monopolio de la expedición de títulos habilitantes, y presionaron a las autoridades legislativas del Radicalismo Intransigente (Frondicista) para arrancarle la reglamentación del art.28 (Decreto-Ley 6403), que garantizaba la expedición de dichos títulos a las universidades privadas y confesionales, en carreras y disciplinas que duplicaban la misma oferta académica de la universidad pública, desviando de esa forma las vocaciones y los recursos, y malversando también la creatividad del conocimiento. Y cuando se produjo el golpe militar “cursillista” de Onganía en 1966 el alto clero y el periodismo tomaron activa participación en apoyo del mismo, y en respaldo a la intervención de la Universidad de Buenos Aires, lo que inefablemente desató la criminal “Noche de los Bastones Largos”, funesto episodio del cual Argentina aún hoy no se ha podido recuperar.

Superadas las dictaduras militares, recuperada a comienzos de la década del 80 la democracia republicana, y restaurada nuevamente la autonomía universitaria, esta última se reinauguró ratificando insólitamente los concursos de oposición celebrados durante la dictadura del Proceso (1976-83); perpetuando los vicios enquistados de las camarillas heredadas de gestiones reformistas previas; e ignorando la compartimentada estructura endogámica vigente en la docencia universitaria de todo el país extiende a toda la América Latina un espacio académico que vino a resultar perdido para la comunidad universal.

Y en los inicios de la década del 90 del siglo XX, producida en Europa la Caída del Muro de Berlín, organizado un nuevo orden mundial y consolidado el paradigma de la “complejidad” (Sousa Santos), en Argentina se gestó un burocratismo nomenklado vaciado de ética y de ideología, y sin sustento social alguno, que con la Reforma del Estado (1989), el Pacto de Olivos (1994), y la instalación de nuevos aparatos burocráticos (Agencia, CONEAU, Secretaría de Políticas Universitarias o SPU) terminó por despojar a las universidades públicas y a sus elites laicas de todo aparato científico volviendo sus autonomías un espejismo fantasmal. Es con este paradigma de la “complejidad” que se incursionó en la tercera ruptura epistemológica de la ciencia moderna (Sousa Santos), la del ahora globalizado mundo digital, que temáticamente se dio con más fuerza en las ciencias de la comunicación, la biología molecular, el diseño arquitectónico y urbanístico, y la música electrónica.

Derivado de esta tercera ruptura, como un efecto no deseado, se extendió por las áreas periféricas una nueva forma de fascismo que incluyó también nuevas formas de corrupción y que Sousa Santos denomina “fascismo societal”. En ese sentido, a comienzos del nuevo milenio, al acentuarse en el aparato científico de la llamada Agencia la corrupción del populismo K y de su Ministro Barañao, el escándalo fue ocultado por la gran prensa y la justicia no se atrevió a investigar ni pronunciar condena alguna (2009). Y a partir de 2003 se alimentó en el con-urbano bonaerense un cordón de universidades K, con autoridades vitalicias y que estuvieron complicadas en negociados donde operaron como pantallas de cajas políticas originadas en el Ministerio de Planificación Federal de Julio de Vido (íntimamente conectado con su hermano Hugo de Vido, coordinador general del Programa Federal de Televisión Digital, instalado en la órbita del Ministerio de Ciencia y Técnica).

Estas heridas envenenadas y aún abiertas vinieron a alimentar un mandarinato venal (burocratismo tarifado o nomenklado), verdadero mentor de la corrupción académica argentina. Por otro lado, estas heridas revelan que la producción científica ha sido evaluada por árbitros-pares efímeros y anónimos y no por sabios afianzados y consagrados (aunque impugnables), y que para mayor irracionalidad privilegian en sus dictámenes la cantidad por sobre la calidad y el medio científico donde un trabajo se publica por sobre su contenido. Y en cuanto a la comunidad científica, verdadera víctima de este prolongado drama, al acentuarse a niveles escalofriantes su dependencia respecto del poder disciplinante del estado, exhibe la clave de bóveda que puede explicar porqué la ciencia y la educación argentinas han entrado en un estado de coma terminal.

Por último, superada la crisis financiera y política del 2001, la corrupción se agravó en el campo científico y educativo. La conducta dolosa desplegada por la Agencia (ANPCYT) fue denunciada infructuosamente en 2005 ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), y en 2009 ante el Fuero Penal Federal (el Juez Martínez de Giorgi ordenó archivar la denuncia con un testigo falso). En una quincena de Mesas Coordinadoras administradas desde el 2003 por el Presidente de la Agencia Lino Barañao, se había distribuido entre sus propios funcionarios coordinadores —prestados por el Banco Interamericano de Desarrollo o BID— una suma millonaria en dólares destinada a sus proyectos personales de investigación. Este vértigo obsceno se caracterizó también por boicotear la infraestructura científica del país (laboratorios, bibliotecas, editoriales, etc.), por condonar el vaciamiento producido con las patentes de invención que se registraron en el extranjero, por corromper las filas del funcionariado científico mediante un mecanismo fraudulento que lo involucró en delitos de acción pública (conflicto de interés donde “nadie puede ser juez en causa propia”), por corromper las filas del mundo editorial privado interesado en el vaciamiento de EUDEBA, y por perseguir a los denunciantes para que el escarmiento cunda en la comunidad científica. Y para mayor perversidad, el fraude pasó inadvertido para la gran prensa mediática (cuyos colaboradores también se beneficiaron con los subsidios de la Agencia), y por tanto para la opinión pública que vive de rehén de dicho poder mediático, y transcurrió impune para el ministerio público y para la justicia federal penal de Comodoro Py (los Camaristas Irurzun, Cattani, Farah ratificaron el archivo de la denuncia en 2010).

Ese mismo Presidente de la Agencia de apellido Barañao fue raudamente promovido a Ministro de Ciencia y Técnica por la Jefa de la cleptocracia dominante, y para colmo de la desfachatez fue ratificado en el cargo ministerial —con la previa venia de dicha Jefa— por el nuevo gobierno que vino a sanear la república. Este contradictorio salvoconducto otorgado al Ministro por un periodismo vuelto tardíamente opositor le sirvió para lograr su confirmación en el elenco del actual gobierno argentino. Y de esa forma paradójica y discriminadora, el nuevo gobierno exceptuó al Ministro Barañao de la asociación ilícita que en sede judicial se le acaba de imputar al gobierno K.

Estos diferentes regímenes de dominación simbólica y sometimiento intelectual, con la obstinada y cómplice concurrencia del alto clero, de cierto periodismo y del fuero judicial penal, no hicieron otra cosa —a lo largo de un período muy extenso y marcado por intensidades diversas— que fomentar miedo y amnesia, a lo que debe sumarse últimamente una apología insolente en los medios masivos a favor de un Ministro denunciado, propaganda que solo puede ser producto de culpas nunca admitidas ni reconocidas, y cuya relevancia viene siendo subordinada al escándalo policial de la corrupción K. Es por ello que cuesta entender como el presente escrito pueda llegar a adquirir relevancia alguna cuando lo único que cuenta en la política actual es aquello que pasa por los medios masivos, donde a su vez lo que importa es sólo la amarillez sensacionalista de la denuncia.

En conclusión, entendemos que una política para combatir la ignorancia, para cultivar el conocimiento, para su democratización y para una adecuada organización del mismo en un mundo crecientemente globalizado debe ser un objetivo insoslayable del actual programa político argentino y sudamericano. En esos programas no pueden estar ausentes planes democratizadores y globalizadores para todos y cada uno de los organismos que la componen. Más precisamente, ese programa debe alcanzar en Argentina una reforma del CONICET, con la elección democrática y simultánea de los miembros de su Directorio y de sus Comisiones Asesoras. Y para las universidades argentinas ese programa debe reformar la elección de sus claustros, prohibiendo contratar como docentes aquellos que hubieren egresado en sus propias filas, y eliminando de su conducción el claustro de graduados por interferir en la necesaria circulación nacional y global de la elite intelectual.

Es decir, se impone una transformación fundacional del espectro educativo, científico y artístico, del país y del subcontinente, que oxigene y trasparente su estructura académica a los efectos de posibilitar un crecimiento cualitativo que contribuya desde nuestro país al mejoramiento de Latinoamérica y de la humanidad entera.

- Por Eduardo R. Saguier
Museo Roca-CONICET
http://www.er-saguier.org

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